Hacia una Recuperación Justa: Asistencia a propietarios sin “títulos formales”

Tras los huracanes Irma y María, la falta de respuesta adecuada por parte del gobierno local y federal dejó a miles de familias sin la asistencia necesaria para reparar o reconstruir sus casas. Los fondos CDBG-DR podrían presentar una oportunidad para que las comunidades aseguren viviendas dignas, infraestructura adecuada y recuperación económica. Sin embargo, la falta de claridad en los criterios de elegibilidad para los programas amenaza a dueñas que carecen de “títulos formales”. La negativa de aceptar un mecanismo uniforme para probar título mediante evidencias alternas, ampliamente adoptado en otras jurisdicciones, FEMA y HUD, podría dejar a miles sin asistencia.

-Comunidades ignoradas y olvidadas por FEMA

FEMA le requirió a las personas y solicitantes elegibles en la Isla "títulos formales" que demostraran su titularidad. Esto para recibir asistencia para la reparación bajo el Programa para Individuos y Hogares. fue una aplicación injusta y dispar de las leyes federales y puertorriqueñas, que no requieren ningún documento legal para demostrar ser dueña de una propiedad. Se estima que entre 40,000 a 70,000 de solicitantes elegibles fueron denegados de asistencia por esta razón.

Después de un largo proceso liderado por ALPR y otras organizaciones, FEMA reconoció el uso de una declaración jurada como una prueba alterna de propiedad. Esto ha allanado el camino para miles de familias que, casi dos años después de los huracanes, aún no han recibido la asistencia necesaria para reparar sus casas. A partir de hoy, defensores y entidades siguen insistiendo en que FEMA notifique a las personas sobre su derecho a utilizar la declaración jurada.

Después de un largo y arduo proceso de defensa liderado por Ayuda Legal Puerto Rico y otras organizaciones sin fines de lucro, FEMA reconoció el uso de una declaración jurada como una prueba alterna de propiedad. Esto ha allanado el camino para miles de familias que, casi dos años después de los huracanes, aún no han recibido la asistencia necesaria para reparar sus casas. A partir de hoy, los defensores y las entidades siguen insistiendo en que FEMA notifique a las personas sobre su derecho a utilizar la declaración jurada. Desafortunadamente, miles de familias y múltiples municipios ya han sido desanimados e incluso desplazados, por lo que ya es demasiado tarde para que actúen.

- La historia está a punto de repetirse, a menos que actuemos ahora

El Plan de Acción de CDBG-DR redactado por el Departamento de la Vivienda local y aprobado por HUD, establece la titularidad como un criterio para acceder a la asistencia para reparar viviendas. Aunque el Plan de Acción menciona la "posibilidad" de aceptar una prueba alterna de titularidad, esto no es suficiente. Necesitamos claridad y que se acepte un formulario uniforme.

Los fondos de CDBG-DR ofrecen al gobierno una gran cantidad de flexibilidad a la hora de determinar cómo invertir el dinero otorgado y les permite llevar a cabo una amplia gama de actividades. Las regulaciones federales no establecen ningún requisito en cuanto a su capacidad para decidir quién es una persona dueña elegible que puede beneficiarse de la asistencia relacionada con el desastre. Exigimos al Departamento de la Vivienda local una política clara sobre cómo se verificará la propiedad de vivienda a través de métodos alternativos para evaluar la elegibilidad para estos programas o cualquier otro que pueda establecerse en el futuro. El Departamento de la Vivienda no necesita la autorización de HUD para establecer este mecanismo.

- ¿Quién es una persona dueña ante la ley?

La Ley Stafford define una residencia ocupada por una persona propietaria como una residencia ocupada por: (1) El propietario legal; (2) Una persona que no posee un título formal de la residencia y no paga el alquiler, pero es responsable del pago de impuestos o del mantenimiento de la residencia; o (3) Una persona que tiene derechos de ocupación de por vida con un título formal otorgado en otra. Esta definición puede apoyarse en diversos mecanismos, como recibos, contratos de mantenimiento y declaraciones juradas.

Varias jurisdicciones en los Estados Unidos han adoptado estándares flexibles cuando se trata de verificar la propiedad de una vivienda para determinar la elegibilidad para programas CDBG-DR. Algunas jurisdicciones incluyen Connecticut, Virginia, Carolina del Norte y Luisiana. Otros estados, como Texas, han fortalecido y simplificado procesos para aceptar documentos alternativos para probar titularidad.

Prueba de título en Puerto Rico

  • En Puerto Rico, el marco legal no requiere que las personas tengan documentación o evidencia de que son dueñas de una propiedad.
  • Las personas pueden tener intereses como propietarias las leyes de herencia u otros derechos adquiridos por el tiempo que llevan en la vivienda como dueñas.
  • El que la ley no requiera un título de propiedad para convertirse en dueña y otros factores sociales, históricos y económicos pueden la ausencia de un “título formal”.
  • 1 El Departamento de la Vivienda de Puerto Rico debe adoptar una política clara que acepte que existen métodos alternos a través de los cuales los solicitantes pueden verificar la propiedad. La política iría de la mano con la reciente adopción por parte de FEMA de la declaración jurada como un método viable para verificar la propiedad en la determinación de la elegibilidad para los programas de asistencia.

NUESTRO TRABAJO

Derechos básicos en la recuperación justa

Desde Ayuda Legal Puerto Rico hemos identificado algunos de los derechos básicos que deben protegerse para garantizar la recuperación justa. Estos son el derecho a la vivienda digna, el derecho de las personas a permanecer o regresar a sus comunidades siempre que sea una alternativa segura, el derecho a no sufrir discriminación en los procesos de reconstrucción y recuperación, el derecho a decidir dónde desean vivir, el derecho a un medioambiente seguro y el derecho a la participación real y efectiva.

Jornada de Participación Comunitaria

La Jornada es un espacio para establecer coaliciones con comunidades, organizaciones y personas solidarias. Permite educar sobre los fondos CDBG-DR y promover la participación de las comunidades en estos procesos.

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