Las elecciones y la improvisación con las Juntas de Inscripción Permanente

El 20 de junio de 2020 el gobierno aprobó el Código Electoral de 2020 (el Código). Uno de los objetivos del Código fue acatar los pedidos de la Junta de Control Fiscal de reducir los gastos en los procesos eleccionarios. Para esto, entre otras cosas, se redujo el número de Juntas de Inscripción Permanentes de 110 a 12. De acuerdo a la exposición de motivos de la ley el propósito de dicha acción fue “Modernizar y reestructurar la Comisión Estatal de Elecciones…para que sea una entidad pública más accesible, eficiente y menos costosa para los contribuyentes.”.  Dicha “modernización” tenía también el supuesto fin de “empoderar” a los electores al hacerlos custodios y encargados de su récord electoral (una responsabilidad que antes recaía en el Estado). 

Esta “modernización” y este “empoderamiento” se lograría a través de varios sistemas electrónicos: principalmente el Registro Electrónico de Electores (eRE o sistema eRE) y el Centro Estatal de Servicios Integrados al Elector (CESI). El Código le impuso a la CEE la obligación de comenzar la utilización del sistema eRE y el CESI no más tarde del primero de julio de 2022. Sin embargo, el eRE comenzó a operar el 30 de octubre de 2023 más de un año después de la fecha indicada en el Código. Inclusive la CEE comenzó a desarrollar el eRE en noviembre de 2022, 5 meses después de la fecha en que debía estrenar el sistema. Según reportado por el Centro de Periodismo Investigativo el personal que labora en el CESI recibió su primer entrenamiento en octubre de 2023 más de un año después de la fecha en que debía de comenzar operaciones.

Además, el CESI (que reemplazó a las Juntas de Inscripción Permanente en cada precinto) a la fecha de hoy, 20 de marzo de 2024, aún no cuenta con todas las funcionalidades que debe tener de acuerdo al Código. Por ejemplo, el Artículo 3.14 del Código dispone que el CESI debe contar con un sistema de “chat” que aún no ha sido implementado. Así las cosas, a menos de 8 meses de las elecciones generales los electores estamos sin el sistema que existía antes de la aprobación del Código Electoral de 2020 y sin los sistemas propuestos en dicho Código.

Hasta el momento, la mal llamada “modernización” y los supuestos esfuerzos de “empoderamiento” de la CEE lo que han ocasionado es un atraso significativo en la inscripción de electores. Para el 11 de marzo de 2024 se reportó que solo 29,146 electores, de un total de 1.9 millones (1.53%) se habían registrado en el sistema eRE. Según reportado el atraso se debe a problemas de diseño en el proceso de “normalización de direcciones” en el eRE y a la falta de personal. En un intento de agilizar dicho proceso la CEE anunció que estaría modificando el eRE para poder normalizar las direcciones como se hacía anteriormente. Por otro lado, el retraso también se puede atribuir a la falta de promoción del sistema eRE. La CEE tiene la obligación en ley de desarrollar una “campaña masiva para el acopio de datos adicionales de los electores que son necesarios para que puedan utilizar los sistemas tecnológicos ordenados”. Aunque el Código no define lo que es una “campaña masiva” podemos decir que los esfuerzos de promoción del eRE por parte de la CEE no han sido “masivos” de acuerdo a la definición general de dicho término.

Queda claro entonces que la “modernización” de la CEE es realmente un intento de reducir gastos de manera apresurada. Esto tiene un impacto claro en la capacidad de entender y participar del proceso, particularmente para grupos agraviados por la brecha digital . Nos vemos afectadas cuando el enfoque principal de las agencias que proveen servicios directos es la reducción de gastos y no el proveer un mejor servicio a las personas. Nos vemos afectadas cuando la motivación principal de implementar un avance tecnológico es eliminar empleos y balancear el presupuesto. Nos vemos aún más afectadas cuando las personas a cargo de implementar los cambios no cuentan con la capacidad necesaria para realizar el trabajo que tienen en mano y desarrollan herramientas sin tener en cuenta la realidad en la que vivimos. Nos vemos afectadas cuando se legisla para atender los reclamos de un grupo de personas que no fueron elegidas por el pueblo y cuyo interés principal es buscar la manera de pagar una deuda que no nos corresponde. Nos vemos afectadas cuando la tecnología se convierte en otra medida implementada por la austeridad y que,como la austeridad misma, termina poniendo en riesgo derechos fundamentales como el derecho al voto.