El aumento de renta en vivienda pública y la gestión gubernamental

Recientemente¹15 de abril de 2025, el Administrador de Vivienda Pública, el Sr. Juan A. Rosario Hernández, informó en un programa de televisión que se avecinan aumentos en el alquiler para numerosas familias que participan del Programa  de Vivienda Pública. Atribuyó esta situación a una reglamentación federal fuera de su control y mencionó que esperaba entablar conversaciones con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD).

Estos cambios no son nuevos ni imprevistos. Se trata de la implementación de reglamentaciones bajo la Ley de Oportunidades de Vivienda a Través de la Modernización (HOTMA) aprobadas a principios del 2023.  HUD, consciente de su impacto, otorgó a las agencias de vivienda pública (PHAs) hasta julio de 2025 para adaptar sus políticas de admisión y ocupación y para informar a las familias residentes²HUD. Revised Compliance Date: Implementation of Sections 102 and 104 of the Housing Opportunity Through Modernization Act of 2016 (HOTMA)https://www.hud.gov/sites/dfiles/OCHCO/documents/2024-09hsgn.pdf. A pesar de ello, la respuesta del Departamento de Vivienda y de la Administración de Vivienda Pública ha sido, promesas de “gestiones en curso” ante HUD, cuyos resultados no han sido divulgados.

De cara a la inminente entrada en vigor de estos aumentos, previstos para comenzar en junio de este año, Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR) solicitó en abril la divulgación sobre cualquier campaña educativa dirigida a las familias residentes para informar sobre el impacto de HOTMA. Al día de hoy no hemos recibido respuesta de la misma.

Nuestro llamado a la acción no responde a una crítica vacía. Como organización que defiende el derecho a una vivienda digna, entendemos este pronunciamiento como un deber ante las graves consecuencias que HOTMA podría tener para cientos de familias. Entre las consecuencias se encuentra la duplicación de la cuantía de alquiler, la descalificación de familias por considerarse de “ingresos excesivos”, del Consejo de Residentes  y la imposibilidad de presentar querellas administrativas.

Implementar esta reglamentación sin una campaña informativa clara y accesible constituye una negligencia administrativa. Es una acción que socava la misión del Programa de Vivienda Pública y amenaza con provocar un aumento en los desahucios por impago, forzando a las familias a aceptar  acuerdos impagables que solo profundizan su vulnerabilidad.

En ALPR reconocemos que la participación en un programa gubernamental no es sinónimo de estar expuestos a la falta de diligencia. Las comunidades requieren una gestión eficaz y transparente. Cónsono con lo anterior hacemos un llamado, una vez más, a la Secretaria del Departamento de la Vivienda: que comparta qué gestiones se han hecho ante HUD y qué alternativas se han considerado para mitigar el impacto de HOTMA incluida la paralización de lanzamientos de las familias afectadas, la publicación de una campaña educativa y que se aúnen esfuerzos de abogacía en relación con HUD.

Si algo tenemos claro es que ante el riesgo de perder el acceso a una vivienda, la respuesta gubernamental nunca debe ser la desinformación.