Políticas de Trump amenazan accesibilidad a préstamos hipotecarios FHA
Un ataque a programas de vivienda federal -que incluyen pero no se limitan a la vivienda subsidiada y que podrían incluir los criterios de los préstamos FHA- es un riesgo real y cercano.
Tanto los recientes cambios establecidos por la administración del presidente Trump, como la paralización de las oficinas de CFPB, amenazan la defensa de millones de hogares con hipotecas. Con un ente fiscalizador inoperante, se limitan grandemente los recursos a los que pueden recurrir las personas afectadas por prácticas indebidas de la banca hipotecaria.
Por otro lado, la administración de Trump ha despedido 2,300 empleados del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés). Esto equivale a un 23% de la fuerza laboral de dicha entidad. El presupuesto federal propuesto, aprobado por la Cámara de Representantes, provee para una reducción de un 44% de la agencia. Esto tendrá un efecto claro en la capacidad de HUD para manejar el acceso a los recursos financieros para que familias puedan adquirir un hogar, así como en la fiscalización contra actos de discrimen relacionados a financiamiento de la vivienda.
La forma de financiar las casas también está bajo la lupa. Para el 2023, según datos de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, en Puerto Rico se aprobaron 7,344 préstamos hipotecarios residenciales subsidiados por fondos federales (FHA, VA, etc.). Esto representa un 60% de todos los préstamos hipotecarios otorgados en ese año. De mantenerse esta proporción, esto pudiera significar que de un porfolio de 340,813 hipotecas para septiembre 2024, 204,487 hogares pudieran depender de este tipo de financiamiento.
Otro impacto a la accesibilidad de vivienda pudiera alcanzar a las entidades Fannie Mae y Freddie Mac, encargadas de facilitar el financiamiento del primer hogar de muchas familias. Recientemente, William Pulte, recién designado director de la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda (FHFA, por sus siglas en inglés), tuvo que desmentir rumores de que la actual administración buscaba reducir los límites de los préstamos que proveen Fannie Mae y Freddie Mac. Si las afirmaciones de Pulte mantienen la misma inconsistencia que otras medidas de la actual administración, no existen garantías de que estos recursos financieros para familias de bajos ingresos se mantengan disponibles.
A nivel local, esta situación se agudiza ante la crisis de inventario de vivienda asequible, y el anunciado cierre del Programa de Asistencia Directa al Comprador para el segundo semestre del presente año. Incluso ante la posibilidad de extender este programa, su impacto es remediativo para un número limitado de familias. Debemos tener en cuenta de que eliminar los obstáculos que impiden que una familia adquiera un hogar debe ser la prioridad.
El gobierno local no ha presentado un plan concreto para atender la crisis de vivienda del país, estas amenazas al derecho a la vivienda crean un panorama aún más devastador. Esto es aún más urgente para ese 60% de familias que requieren de asistencia financiera federal para conservar sus viviendas y el 61% que no cuenta con los ingresos necesarios para cualificar para una hipoteca. El llamado al gobierno a atender esta realidad como una inminente y el precisar recursos locales para mitigar una crisis que pudiera crecer debe ser la prioridad.