El OIG levanta bandera sobre el manejo de fraude con fondos CDBG

“Desorganizado, incluso caótico”. Así describe la Oficina del Inspector General (OIG) de HUD el sistema de manejo de riesgo de fraude para los fondos CDBG-DR del Departamento de la Vivienda.

El OIG publicó el informe The Puerto Rico Department of Housing Should Enhance Its Fraud Risk Management Practices – el tercero sobre el manejo de los fondos CDBG-DR por parte del Departamento. Esta vez, el OIG investigó los procedimientos del Departamento para manejar fraude en la erogación de fondos. Si bien el informe reconoce que los procesos del Departamento cumplen con los requisitos federales para el manejo de los fondos asignados a Puerto Rico, estos procedimientos se quedan cortos de las mejores prácticas.

Los procesos implantados por el Departamento están, a juicio del OIG, en la categoría Ad Hoc bajo el Antifraud Playbook de la U.S. Chief Financial Officers Council y el Departamento del Tesoro federal. Es decir, que los esfuerzos antifraude no están documentados y se encuentran en un estado de cambio dinámico, y tienden a ser impulsados ​​solo cuando es necesario (ad hoc), de manera incontrolada y reactiva, en lugar de proactiva. Entre las deficiencias que señala el OIG resaltan que el Departamento:

1. “no había establecido un componente antifraude dedicado para diseñar y supervisar las actividades de gestión del riesgo de fraude,

2. no había realizado una evaluación del riesgo de fraude ni desarrollado un proceso para realizar dichas evaluaciones regularmente,

3. no había desarrollado un plan de respuesta para cualquier riesgo de fraude identificado, y

4. no tenía un proceso para evaluar la efectividad de las actividades de gestión del riesgo de fraude”.

Claro, el informe del OIG no indica que haya detectado instancias de fraude en el manejo de los fondos. Esto es consistente con los datos de las monitorias internas del Departamento que reseñamos en octubre y que principalmente mostraban fallas en el manejo de ciertos documentos. Lo que sostiene el OIG es que el Departamento debe establecer mejores mecanismos para detectar fraude, más allá del mínimo establecido por la reglamentación federal. El gobierno local, sin embargo, no entiende necesario hacerlo porque hasta el momento no ha detectado instancias de fraude. Sí, el Departamento afirma que no tiene que mejorar sus sistemas de detección de fraude porque no ha detectado fraude.

Este nuevo informe del OIG deja en evidencia la brecha entre el cumplimiento con los requisitos mínimos y las mejores prácticas para evitar y detectar el fraude con fondos públicos. La respuesta del Departamento deja mucho que desear. Los $20,000 millones de dólares asignados son un gran atractivo para buitres y malos actores. Ante ellos, no podemos sino ser rigurosos con los más estrictos estándares para proteger la posibilidad misma de la recuperación. La fiscalización y la transparencia son piezas claves para asegurar que los fondos disponibles para la recuperación beneficien al mayor número de personas posibles y no sean una mera forma de enriquecer a unos pocos.