Llueve y no escampa para la recuperación justa
Nota: En estos momentos no hay asistencia de FEMA disponible para las familias afectadas por las inundaciones. Estamos vigilantes a cambios en este panorama, mientras analizamos que significan estas lluvias para la recuperación justa.
Una vez más, nos enfrentamos a un desastre. El 27 de octubre de 2023, se registraron 5.20 pulgadas de lluvia en San Juan- una cifra récord para el mes de octubre. El evento de lluvia provocó serios problemas en la transportación en la zona metropolitana de San Juan, al punto de que varias personas perdieron sus vehículos ante la rápida acumulación de las aguas en las carreteras del país, y la falta de servicio de energía eléctrica. Las lluvias coincidieron con la marejada de los muertos que en Loíza incrementó la grave situación de erosión costera en el municipio, y que amenaza la seguridad de unas 700 familias en el municipio. Al menos una carretera en Loíza colapsó y otras en Parcelas Suárez, Las Carreras y Colobos están en riesgo.
En consideración al impacto de las lluvias sobre la “seguridad pública, los servicios y utilidades básicas, la infraestructura, las carreteras, y la actividad económica”, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, declaró un estado de emergencia para los municipios de San Juan, Guaynabo, Loíza y Culebra a través de las órdenes ejecutivas 2023-032 y 2023-033. El gobernador también delegó en el Departamento de Seguridad Pública la facultad de añadir otros municipios, cuando fuera necesario. Esta declaración flexibiliza algunos procedimientos internos del gobierno y le autoriza a disponer de fondos para atender la situación de emergencia, en cuanto a labores de limpieza, desalojo y rescate, entre otros. Lo que no hace es asistir a las personas afectadas por sus pérdidas.
A la fecha, no hay una declaración de emergencia o desastre mayor por el presidente de los Estados Unidos, requisito indispensable para activar las asistencias de FEMA. De hecho, la declaración de desastre mayor es lo que permitiría la asignación de asistencia directa a las personas y hogares afectados por las lluvias. Aunque no hemos visto que se anuncie públicamente, el gobierno estatal debe estar en el proceso de preparar una evaluación preliminar de daños (Preliminary Damage Assessment o PDA), en el que se consideran los impactos económicos y a la propiedad. Del resultado dependerá si y cuáles asistencias federales estarán disponibles.
Por otro lado, el lenguaje de la declaración no incluye el efecto de las marejadas en Loíza, a pesar de que el municipio fue incluído en la declaración. Ya la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, ha reclamado que se enmiende la declaración para así evitar que se afecte la disponibilidad de recursos para el municipio. Otra vez, como ocurrió con el huracán Fiona, el municipio de Loíza ve la particularidad y urgencia de sus necesidades ignoradas.
Este evento de lluvia, aunque extraordinario para esta época del año, no es un evento sin precedentes o imprevisible. Recordamos que el evento de lluvia de febrero 2022 que motivó una declaración de desastre en los municipios de Cataño, Dorado, Toa Baja, Vega Alta y Vega Baja dejó cerca de 12 pulgadas de lluvia en un solo día. El cambio climático pondrá una mayor presión sobre nuestra infraestructura y capacidad de adaptarnos a una nueva realidad climática, en la que los eventos extremos son más frecuentes. A pesar de ello, el gobierno sigue sin un plan que atienda las necesidades más básicas de vivienda segura, servicios básicos accesibles e infraestructura confiable.
La construcción desparramada, pero autorizada a través de los sistemas de permisos, colocan a cientos de miles de familias a la merced de las inclemencias del tiempo pero sobre todo de las malas decisiones del gobierno. Se estima que el 22% de nosotros vivimos en zonas con riesgo de inundación. Mientras a los participantes de R3 se les insta a abandonar sus comunidades por ser inundables, unos 2,873 proyectos han sido aprobados en zonas inundables. La falta de coherencia en las políticas relacionadas a la construcción nos han llevado a un estado constante de desastres. A seis años de María, y miles de millones en fondos obligados para mitigación de desastres, nuestra infraestructura sigue estando en un estado de vulnerabilidad insostenible ante eventos atmosféricos.
La recuperación justa no ha llegado. ¿Da tiempo?