¿Cuán efectiva fue la asistencia para hipotecas?
A principios de julio, el Departamento del Tesoro anunció que los fondos ARPA (American Rescue Plan Act) canalizados a través del Programa de Asistencia para Dueños de Hogar (PADH) evitó la ejecución de 8,983 viviendas en Puerto Rico. Lamentablemente la ayuda no evitó la ejecución de hipoteca de 6,324 hogares desde el comienzo de la pandemia al presente ni la presentación de demandas contra 9,912 residencias en ese mismo periodo de tiempo.
Administrado por la Autoridad para el Financiamiento a la Vivienda (AFDV), el PADH contó con una asignación de $75.6 millones para prevenir y / o aliviar la morosidad en hipotecas residenciales cuyas dueñas experimentaran dificultades financieras debido a la pandemia de COVID-19. El PADH comenzó a finales de agosto de 2021 y cerró la aceptación de solicitudes el 11 de marzo de 2022, con una lista de espera que culminó el 7 de noviembre del mismo año. Según datos provistos por AFDV a Ayuda Legal Puerto Rico, de las 13,009 solicitudes recibidas, 9,009 recibieron algún tipo de asistencia. De éstas, 6,225 recibieron desembolsos para atender directamente la falta de pago de la hipoteca. Estos desembolsos dirigidos a atender deudas hipotecarias ascendieron a $47,637,138.84.
El reporte de AFDV confirma lo que ALPR advierte desde hace años, la crisis hipotecaria afecta desproporcionadamente a las mujeres. El 63.6% (3,956) de las asistencias para pago de hipotecas fueron desembolsadas a mujeres. Las mujeres con 50 años o más representaron el 32.9% (2,046) de las recipientes de asistencia para hipotecas. Aún considerando el universo completo de las 13,007 solicitudes recibidas en el programa, las mujeres son el 51.3% (6,670) de las participantes, mientras que los hombres son el 29.7% y las solicitudes sin completar el dato de género un 18.9%.
Al considerar las solicitudes aprobadas por municipio, los primeros cinco fueron: San Juan con 10.7% (665), Bayamón con 7.8% (485), Carolina con 7.7% (479), Caguas con 4.6% (285) y Ponce con 3.9% (242). Las cinco entidades hipotecarias que más aportaciones recibieron del programa fueron el Banco Popular con $21,756,360.84; Oriental Bank con $8,226,646.62; First Bank con $5,074,519.07; Planet Home Lending con $2,050,034.96; y USDA Rural Development con $1,620,782.84. Por sí sólo, el Banco Popular recibió el 45.7% de los desembolsos dedicados al pago de hipotecas. En contraste, el desembolso a todas las cooperativas de ahorro y crédito por concepto de pagos hipotecarios ascendió a $835,022.39, o un 1.8%.
Actualmente, mientras la amenaza de la pandemia comienza a parecer algo del pasado, el riesgo de una ejecución de hipoteca sigue siendo un riesgo muy presente e inmediato para miles de personas en el país. La falta de atención por parte del gobierno a la vulnerabilidad de vivienda que sufren tantas familias en el país agrava todavía más la situación. Desde que comenzó el año 2023, se han presentado 1,918 demandas de ejecución de hipotecas, lo que representan 9 demandas diarias, o 13 diarias si sólo se consideran los días laborales.
Ante este panorama, es necesario considerar cuán efectivo fue el alcance de este programa para atender adecuadamente la crisis hipotecaria. El programa estuvo disponible para atender deudas hipotecarias afectadas por el COVID-19 entre enero de 2020 a marzo de 2022. Durante este periodo, y según datos de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), un promedio mensual de 76,977 hipotecas residenciales estuvieron en riesgo de ejecución debido a atrasos en pagos. Aún si las 6,225 solicitudes que recibieron desembolsos estuvieran dentro del promedio mencionado, esto significa que el programa alcanzó sólo el 8% de la necesidad existente. Incluso utilizando el número provisto por el Departamento del Tesoro de 8,983 viviendas que evitaron una ejecución, esto sólo representa el 11.7% de la necesidad. En otras palabras, el 88.3% de hogares en riesgo de ejecución quedaron desprovistos de ayuda.
Esta realidad no sólo nos mueve a concluir la necesidad de identificar y asignar más recursos, sino que urge implementar otras estrategias. Y las oportunidades para realizar estos cambios han existido. La Fortaleza actuó en contra de los intereses de cerca de 77,000 familias cuando vetó en el 2021 el Proyecto Sustitutivo de la Cámara a los P. de la C. 429 y P. de la C. 488 que hubiera provisto una moratoria de emergencia de hasta 90 días para préstamos hipotecarios para evitar desalojos durante desastres. Otra oportunidad desperdiciada fue el no haber extendido el alcance de la Resolución Conjunta 489 que proveyó una moratoria en pagos entre marzo y agosto de 2020 a aquellas hipotecas afectadas por el COVID-19.
Desde Ayuda Legal Puerto Rico insistimos que urge tomar acción inmediata para ofrecer alternativas reales y accesibles a los miles de hogares en peligro de ser ejecutados. Al igual que otros desastres como los huracanes y los terremotos, las secuelas económicas de la pandemia son un riesgo real para las personas que luchan por preservar sus casas.