Distintos sectores que van desde el gobierno central, las agencias hasta las corporaciones privadas, aprovecharon el cuarto aniversario del huracán María para repetir algo que saben es incorrecto: que la titularidad es un requisito para recibir asistencia de desastre11 Sharon Minelli Pérez, Lenta y cada día más costosa la recuperación de Puerto Rico, elnuevodia.com, 18 de septiembre de 2021, por voz de Rafael Rojo  presidente de la firma desarrolladora VRM Companies, https://www.elnuevodia.com/negocios/construccion/notas/lenta-y-cada-dia-mas-costosa-la-recuperacion/?r=37790. . Usaron la fecha para volver a comparar las viviendas sin un título formal con propiedades peligrosas o construcciones informales recrudeciendo el ataque hacia personas sobrevivientes de desastres que aún esperan por techos seguros. 

 

Las palabras importan y tienen repercusiones legales. También importan porque terminan por desinformar y criminalizar a sectores completos del País. Para beneficio de todas, definimos. 

 

La construcción formal es aquella que cumple con permisos, planificación, diseño, estudios de suelo y cuenta con la supervisión de ingenieros y arquitectos licenciados para el desarrollo del proyecto. La construcción informal usualmente se refiere a aquella autogestionada, ya sea por el alto costo de acceder una vivienda construida o los altos costos de materiales, el pago de aranceles y la complejidad de los procesos de permisos. Esta se realiza sin cumplir con los requisitos de certificaciones, permisos y procesos ante las entidades correspondientes, como la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).

 

Un título formal - es decir, un título inscrito o inscribible en el Registro de la Propiedad - no se refiere a la estructura, sino a la relación de la persona con la propiedad. Aunque pueden concurrir la construcción y la titularidad informal en una misma vivienda, no necesariamente están ligadas entre sí. Así por ejemplo, una persona parte de una sucesión hereditaria que no ha dividido sus bienes, puede no tener un título formal sobre la vivienda, incluso si la casa es una construcción formal.

 

Nada en nuestro ordenamiento jurídico exige un título formal para que una persona sea dueña o tenga derechos sobre una vivienda. FEMA tampoco exige que la persona sea dueña de la propiedad. De hecho, FEMA define dueña como la persona que tiene un título formal o un derecho de por vida, o una persona que no tiene título formal pero no paga renta y es responsable del mantenimiento o los impuestos sobre la propiedad. El trabajo de Ayuda Legal Puerto Rico ha logrado que se aclaren y flexibilicen las interpretaciones que excluyeron a decenas de miles de familias sobrevivientes de Irma y María de la asistencia necesaria para reparar sus techos,

En lugar de atender con urgencia la necesidad de eliminar los toldos y asegurar viviendas adecuadas, se invierten fondos en un programa de Autorización de Título que ha gastado más de $1.2 millones y solo ha logrado presentar 10 títulos

Denunciamos, además, que la confusión de estos términos tiene como resultado que la inversión se traslade. Por ejemplo, en lugar de atender con urgencia la necesidad de eliminar los toldos y asegurar viviendas adecuadas, se invierten fondos en un programa de Autorización de Título que ha gastado más de $1.2 millones y solo ha logrado presentar 10 títulos2 Según la información provista por el Departamento de la Vivienda el 26 de agosto de 2021 en respuesta a una carta de solicitud de información enviada por Ayuda Legal Puerto Rico el 12 de agosto de 2021. En otras instancias se ha hablado de la necesidad de hacer nuevas construcciones aprovechando la confusión de los términos de titularidad informal y vivienda insegura, restándole visibilidad a las cientos de miles de propiedades sin gente y a las miles de personas sin casa. De paso, así también se pierde de perspectiva la autoimposición de restricciones a propósito de la titularidad que han impedido que miles de familias finalmente obtengan una vivienda segura a través de los fondos CDBG-DR. 

El acceso a una vivienda digna no debe estar condicionado a unos criterios que no son cónsonos con las realidades socioeconómicas de la isla y a una falta de acceso que el Gobierno lleva prometiendo eliminar por años.

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