HUD acelera fondos CDBG-MIT

Es tiempo de buenas noticias para la recuperación justa y de grandes oportunidades para el Departamento de la Vivienda. El lunes, 19 de abril el Departamento de la Vivienda federal (HUD, por sus siglas en inglés) aceleró  el desembolso de $8,200 millones en fondos del programa de Desarrollo Comunitario para Mitigación (CDBG-MIT) para Puerto Rico. Anunció, además, la eliminación de restricciones exclusivas para Puerto Rico que limitaban el acceso a los fondos de recuperación que fueron asignados después del Huracán María, entre las cuales se encuentra el permitir acceso a los fondos de manera parcial y las revisiones por parte del Monitor Federal Financiero a los mismos, uno de los reclamos que por años llevamos levantando desde Ayuda Legal Puerto Rico ante el Departamento de la Vivienda. HUD también eliminó la obligación que tenía Puerto Rico de solicitar y someter cualquier certificación, observaciones y recomendaciones a la Junta de Supervisión Fiscal, más allá de lo que exige la ley.

 

Aunque el Gobierno no ha hecho público el Plan de Acción aprobado por HUD, la aprobación de los fondos, al igual que la eliminación de las limitaciones onerosas impuestas sobre Puerto Rico, representan una buena noticia para miles de personas que llevan años esperando por un techo seguro. Por último, este es el momento para que el Departamento de la Vivienda local elimine restricciones que también han atrasado la asistencia, por lo que exigimos:

 

  1. Eliminar el requisito de titularidad para toda asistencia, incluyendo la de relocalización.
  2. Eliminar el criterio que exige a toda persona con hipoteca “resolverla” en 180 días como condición a poder relocalizarse.
  3. Adoptar un plan de minimización de desplazamiento como el que hemos propuesto en estos tres años.
  4. Participación a través de comités regionales, con capacidad de incidir directamente.

El momento de actuar es ahora y, ante una nueva temporada de huracanes que se avecina, las agencias gubernamentales locales no deben imponer restricciones adicionales que dificultan más de lo necesario el acceso a los fondos y a las asistencias que nuestra gente tanto necesita. 

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