Mientras la pandemia continúa, miles siguen sin empleo y sin recibir las asistencias que necesitan, la amenaza de desahucio continúa. En el caso de residentes de vivienda pública, nos hemos movilizado para acompañar y denunciar instancias de desahucios por cantidades absurdas, como $48, $190, $502. ¿Cuánto vale el derecho a la vivienda en tiempos de desastres? ¿Cuánto vale en el caso de residentes de vivienda pública, frecuentemente criminalizadas y desplazadas de los procesos de recuperación?

La seguridad en la vivienda es siempre, pero especialmente ahora, un  asunto de salud pública.

A partir del 4 de septiembre de 2020, los Centros para el Control de Enfermedades ordenaron la moratoria o prohibición temporera de todo desahucio por falta de pago de los cánones de arrendamiento. Esta orden está en vigor hasta el 31 de marzo de 2021 y aplica expresamente a Puerto Rico. La política pública del gobierno federal, expresada en la orden de los CDC, es mitigar la propagación del COVID-19 en espacios compartidos o congregados, y en instancias de falta de hogar. Es menester señalar, además, que el Departamento de la Vivienda Federal ha exhortado a administradores de vivienda pública a notificar a las personas residentes sobre la existencia de esta moratoria.

Además, según nos confirmó el propio administrador de la Administración de Vivienda Pública de Puerto Rico (AVP), esta agencia ha extendido una moratoria a los desahucios por falta de pago de cánones de arrendamiento en propiedades de la AVP. La situación es que esto SOLO se ha notificado a través de un comunicado de prensa emitido en septiembre. Nunca se actualizó directamente.

Solicitamos que los casos presentados se desistieran, que se emitieran cartas circulares para que quedara clara la política de AVP prohibiendo desalojos en tiempos de pandemia y que se rindieran instrucciones claras a todos los agentes administradores para que dejaran sin efecto las demandas. A más de tres semanas de la reunión, esto no ha ocurrido. De hecho, muchos de los pleitos continúan vivos.

El anuncio de una demanda en tiempos de crisis, a personas empobrecidas, se presta para injusticias y coacción. Las personas no cuentan con acceso a representación o educación legal. Se sienten intimidadas y desesperadas. En algunos casos, el aviso de demanda es razón suficiente para que abandonen sus viviendas sin defenderse - porque no pueden pagar - o de ofrecer sus únicos recursos - como el cheque del seguro social completo - para proteger el techo.

La falta de políticas públicas claras promueve que esto siga ocurriendo.

Los residentes de vivienda pública dependen de la voluntad de administradores o abogados que les orienten sobre las moratorias y alternativas vigentes para proteger su vivienda. Siendo una población tan marginalizada y por definición de escasos recursos, la mínima diligencia que debería realizar AVP es mantener informadas a las personas sobre las protecciones a las cuales pueden acogerse, velando por el bienestar de la comunidad.

Entre estrategias de educación, abogacía y apoderamiento legal, adelantamos y exhortamos la aprobación de medidas como el PC 488 y el PS 199, que buscan detener procesos de desalojos durante el desastre mientras promueven la protección de la vivienda como prioridad. Puedes leer más sobre este proyecto aquí.

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