Los últimos tres años han dejado al descubierto la fragilidad de nuestras instituciones y justo cuán inefectivas pueden ser nuestras leyes destinadas a proteger a las personas con hipotecas sobre sus casas. Nos preocupa que se favorezcan las instituciones financieras sobre los reclamos de las personas que, ante eventos de desastres, se enfrentan a un riesgo real e inmediato de perder sus hogares. Mientras acompañamos a cientos de personas que encaran situaciones por falta de transparencia y criterios excesivamente onerosos de parte de la banca, en Ayuda Legal Puerto Rico hemos difundido el derecho de toda persona deudora a acogerse a una moratoria justa. La moratoria justa es la alternativa voluntaria, accesible e informada que atiende las consecuencias del desastre, las circunstancias y necesidades de la persona dueña de la casa. 

Defendemos la importancia de educar y acompañar a todas las personas sobre sus derechos y opciones cuando enfrentan problemas económicos que le imposibilitan continuar haciendo los pagos de sus préstamos hipotecarios. Más aún, el gobierno debe asumir la responsabilidad de proteger el derecho a un techo seguro en tiempos de desastres, pues la vivienda es imprescindible para salvaguardar la salud pública y la seguridad de todas las personas.

Desde que se decretó un estado de emergencia por la pandemia provocada por el COVID-19 el 15 de marzo de 2020, nuestras ramas de gobierno se movilizaron para mitigar los daños de la pandemia en asuntos de vivienda desde distintos ángulos. Nuestra Asamblea Legislativa aprobó la Resolución Conjunta 26-2020 en la cual estableció la obligación de la banca local de ofrecer a su clientela una moratoria en los pagos hipotecarios para los meses de marzo a julio, posteriormente enmendada para extenderla hasta el mes de agosto. Nuestros tribunales paralizaron todo proceso en los casos de ejecuciones sujeto a un plan de reapertura y, a nivel federal, se aprobó la Ley CARES la cual brinda múltiples protecciones a todas las personas que tengan una hipoteca garantizada federalmente (FHA, Fannie Mae, Freddie Mac, USDA y Departamento de Veteranos, entre otros). 

No obstante, a casi un año de la emergencia internacional por el COVID-19, estos esfuerzos han probado ser insuficientes. Gracias a un proceso de monitoreo periódico de los portales de SUMAC, descubrimos que desde el comienzo de la pandemia en marzo hasta el 31 de diciembre de 2020 se han expedido al menos 257 emplazamientos por demandas de ejecuciones de hipotecas y desde enero 2020 hasta octubre del mismo año (durante la pandemia), se ejecutaron 897 residencias. 

El gobierno federal enmendó sus políticas de protección a personas dueñas de hipotecas no sólo ofreciendo moratorias en los pagos (“forbearance”) por cerca de un año, sino mediante la aprobación de paralizaciones en los procesos de desahucios y ejecuciones de hipotecas que actualmente protege a toda persona con una hipoteca garantizada federalmente de ser removido de su hogar hasta el 31 de marzo de 2021. En contraste, el gobierno local no retomó el tema de las moratorias  luego de agosto. Nuestra rama judicial ha señalado que estarán viendo vistas iniciales y procesales de ejecución.

Urge política pública que responda con urgencia y eficacia la necesidad de proteger el derecho a la vivienda durante eventos de desastre. Exigimos que se garantice que ninguna persona sea desalojada justo cuando más necesaria es su permanencia en su hogar. Lee nuestra exigencia aquí.

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