El pasado 13 de noviembre, la líder comunitaria y activista Nilda Álvarez Lugo, de 64 años, fue asesinada en su apartamento en un edificio con control de acceso, en Río Piedras. Tres días después, Valeria Pérez Delgado de 19 años, residente del estado de Florida y quien se encontraba de visita en Puerto Rico, cayó baleada en una carretera en Toa Baja. Otros tres días más tarde, Enrique Prados Nieves, de 44 años, mató a Damarys Parrilla López, de 43 años, mientras bajaba la compra frente a su casa en una urbanización en Fajardo. Parrilla contaba con una orden de protección vigente contra Prados, quien se suicidó posteriormente.

 

Estas muertes, ocurridas en el espacio de apenas una semana, forman parte de la nefasta cifra de 53 mujeres asesinadas en lo que va del año y evidencian una ola de violencia machista, que ha generado reclamos y cuestionamientos en torno a la responsabilidad del gobierno de atender la crisis. Aunque el debate público ha tendido a girar en torno a medidas que tendrían resultados a mediano y largo plazo, como la adopción del currículo con perspectiva de género, hace dos años que organizaciones de mujeres y de derechos humanos están exigiendo que el Ejecutivo declare un estado de emergencia y tome acción inmediata para atender el problema de forma urgente. Como parte de ello, ha sido y sigue siendo necesario evaluar la efectividad de la inversión actual en programas dirigidos a garantizar el bienestar de las mujeres, erradicar la violencia de género y acompañar a las sobrevivientes en los procesos legales necesarios para proteger sus vidas y su integridad física.

 

En esa línea, Ayuda Legal Puerto Rico publicó más temprano este año un análisis del presupuesto asignado a garantizar el acceso a la justicia en la estructura gubernamental. Nuestra conclusión fue que los derechos humanos y el acceso a la justicia no parecen ser una prioridad para el Estado en medio de una crisis económica, que se ha visto complicada por las consecuencias de la pandemia y las medidas para mitigarla. El ejemplo más relevante está en los recortes sustanciales al presupuesto de la Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM), la cual ha visto una reducción de 18% así como la pérdida de un 30% de su personal en la última década. En síntesis, esto representa menos trabajadoras sociales, menos intercesoras legales en los tribunales, menos líneas de teléfono, mientras aumenta la necesidad de servicio. Actualmente, la situación podría ser peor ya que este año fiscal la OPM recibió aproximadamente $450,000 menos que la cifra solicitada por la Procuradora como la mínima necesaria para operar.

 

Los recortes que imposibilitan el acceso de las mujeres a recursos que podrían salvar sus vidas no se limitan a la OPM. Otras Procuradurías, como la del Ciudadano y la del Paciente, enfrentan situaciones similares o incluso más serias. La Rama Judicial, a pesar de que está supuesta a recibir un porciento fijo del fondo general, también ha visto su presupuesto reducido, lo que a su vez ha provocado que se detenga o retrase la expansión de iniciativas de acceso a la justicia. Mientras tanto, la gran carga de las crecientes necesidades descubiertas recae cada vez más sobre organizaciones sin fines de lucro que dependen tanto de subvenciones gubernamentales como de la filantropía, lo cual de por sí es una condición precaria, y que para colmo también enfrentan ataques de sectores conservadores que condenan las ideas feministas.

 

Ante todo esto, resuena el reclamo de declarar un  estado de emergencia no sólo para hacer justicia a nuestras muertas sino también para prevenir la violencia de género. Esto no se logra meramente con más policías y más vigilancia sino que requiere personal (educadoras, intercesoras, trabajadoras sociales, manejadoras de casos, psicólogas, abogadas) que acompañen a la mujer sobreviviente de violencia de género en cada etapa hasta que estén seguras. Además, requiere alternativas para que las mujeres y, de tenerles, sus hijos e hijas puedan tener acceso a vivienda, trabajo, servicios de salud y espacios de recreación que sean dignos y seguros por el tiempo que sea necesario. 

Ante los huracanes, terremotos y pandemia hay múltiples deudas hacia las mujeres que siguen manteniendo hogares, familias y comunidades con menos recursos.

Vamos a exigir que se salden, todas y cada una. 

Hacen falta cambios profundos en las políticas públicas que pongan los derechos humanos y la vida digna como prioridad principal del Estado. Reiteramos nuestro llamado a que el acceso a la justicia sea adoptado como principio de forma transversal a través de toda la estructura gubernamental. Que nuestres niñes se eduquen realmente como iguales, que las niñas y mujeres sean libres y vivan en paz, que se erradique el machismo, que se garantice la vivienda digna en la que vivimos, cuidamos y criamos, que haya remedios reales y efectivos para evitar agresiones, violaciones y feminicidios. Estamos juntas. No vamos a vivir más con miedo.

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