Moratoria de desalojos hasta que termine la crisis del COVID-19

El martes, 9 de noviembre de 2020, le exigimos a la gobernadora Wanda Vázquez Garced que incorpore en la próxima Orden Ejecutiva por COVID-19 un mandato de política pública que prohíba los desalojos hasta que culmine el estado de emergencia por COVID-19.

 

La crisis del COVID-19 es una emergencia que amenaza con llevar a nuestro País a un panorama nefasto. Los números apuntan a un recrudecimiento vertiginoso de contagios y han muerto 872 personas. Hemos alcanzado la tasa de positividad más alta hasta la fecha. Estos datos son preocupantes dada la fragilidad del sistema de salud y el impacto en personas ya vulnerabilizadas como las adultas mayores. El gobierno tiene la responsabilidad de poner los recursos disponibles para frenar esta pandemia, desde el ámbito salubrista, económico y social. La defensa de la vivienda es más urgente en este contexto.

 

El riesgo a perder el techo tras el COVID-19 es mayor. Entre el 28 de diciembre del 2019, fecha del primer terremoto que azotó el sur de Puerto Rico, y el final de octubre de este año, se han presentado más de 940 nuevas demandas de ejecuciones de hipoteca. Este año se han ejecutado más de 717 propiedades residenciales. Mientras que ya culminó la moratoria local para el pago de hipotecas, para aquellas subsidiadas federalmente las moratorias terminan el 31 de diciembre. Las moratorias de desalojo por falta de pago de renta también culminan al cierre del 2020.

 

La administración de Vázquez Garced dió un paso en la dirección correcta cuando en la primera orden ejecutiva ante la crisis del COVID-19 reconoció el dilema de las personas con hipoteca al ordenar una moratoria.  Hoy es urgente que se repita esta acción, extendida a las personas que no pueden pagar su renta o hipoteca debido al golpe económico que representa la pandemia.  Por eso, llamamos a:

 

  • Incorporar en esta nueva orden ejecutiva un mandato de política pública claro que prohíba los desalojos hasta que culmine el estado de emergencia por COVID-19. El alcance de la orden debe incluir alquileres e hipotecas.

 

  • Instruir al Departamento de la Vivienda pra que fiscalice el cumplimiento con las moratorias de desahucios, de ejecuciones de hipoteca y otras protecciones aplicables al techo. Esta agencia tiene como deber ministerial velar por la implementación de la política pública de vivienda de Puerto Rico, tanto para viviendas subsidiadas como aquellas privadas.  Así también, debe llamarse a la OCIF y a las entidades financieras que manejan préstamos hipotecarios para garantizar el cumplimiento con esta política pública.

 

  • En favor de aquellas personas que dependen del pago de los cánones de renta para recibir ingresos, esta orden debe integrar un mandato claro al Departamento de la Vivienda y una exhortación a los municipios a que utilicen los fondos del CARES Act para promover subsidios de renta e hipoteca. Municipios como Bayamón, Canóvanas, Ponce y Caguas ya se han movido en esta dirección. Como advertimos desde abril, este es un uso permitido, legítimo y necesario de estos fondos que otrora se podrían perder por falta de uso.

 

Las órdenes y acciones recientes de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) son evidencia de cómo el Poder Ejecutivo puede actuar para frenar desalojos que empeorarán la crisis del COVID-19.  En la regulación federal que ordena moratorias de desalojos por falta de pago de renta entre el 4 de septiembre y diciembre 31 de este año, se establece que "[i]n the context of a pandemic, eviction moratoria —like quarantine, isolation, and social distancing— can be an effective public health measure utilized to prevent the spread of communicable disease." (énfasis nuestro)

 

No hay duda: la vivienda es un asunto de salud pública. Los estados y jurisdicciones tienen el poder de ampliar esta moratoria desde el ejecutivo. 

Lee la carta que se le envió a la gobernadora

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