Reparten contratos en vez de ayudas con los fondos para combatir el Covid-19

Las irregularidades que caracterizaron la deficiente respuesta gubernamental a las consecuencias del huracán María en el 2017 debieron ser advertencia suficiente para los administradores públicos sobre la necesidad de establecer protocolos y escrutinios estrictos sobre el uso de fondos de emergencia. Pero al cabo de tres años, el abandono, la falta de transparencia y los negocios turbios siguen siendo la norma en medio de la crisis provocada por la pandemia de Covid-19. Esto es lo que se desprende de los informes que produce la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) sobre el expendio de los fondos asignados para atender la emergencia.

A partir de abril de 2020, Puerto Rico recibió más de $2,200 millones correspondientes al CARES Act y otros $25,609,884 en fondos de la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario - Coronavirus (CDBG-CV, por sus siglas en inglés). Estas asignaciones debieron darle un respiro a la gente que se quedó sin trabajo y a los negocios que cesaron operaciones debido a las órdenes de cierre para combatir la propagación del virus, así como proveer fondos al gobierno para fortalecer la vigilancia epidemiológica y el sistema de salud, asistir a los municipios, promover el trabajo remoto y garantizar el acceso a la educación. 

Cuatro meses después, la mayoría de estos dineros no se ha utilizado y no queda claro en qué se han gastado las sumas que sí han sido desembolsadas. Los fondos CDBG-CV fueron distribuidos a los municipios, los cuales no han reportado si y cómo los han gastado. Por otro lado, sólo un 38% de los fondos del CARES Act se ha utilizado o ha sido transferido a otras entidades gubernamentales. Este dinero debe usarse para cubrir gastos relacionados a la emergencia de salud pública incurridos entre el 1 de marzo y el 30 de diciembre de 2020 y que no estuvieran ya incluidos en el presupuesto. Entre los programas dispuestos en el plan del gobierno para el uso de estos dineros que aún no reportan gastos están los de Protección de Nómina en el Sector Privado, Telemedicina y Asistencia Tecnológica para Estudiantes. También permanece sin atenderse el reclamo de proveer ayuda para el pago de rentas a personas que han perdido sus ingresos que bien se podría proveer con la suma de $435 millones que el gobierno mantiene como reserva para asignaciones futuras.

Mientras tanto, según el informe que el gobierno publica semanalmente, más de $4 millones han sido desembolsados para pagos a ocho corporaciones privadas sin que se revele cuáles son los servicios relacionados a la pandemia que están ofreciendo. Grupo BC Corp., Hastings Global, J. & D. García’s Construction, LCA Construction and Management, Inc. y Taluna Corp. aparecen mencionadas con desembolsos de entre $1,596,837 y $64,691 bajo el programa de Gastos de Emergencia en Prisiones, el cual ya usó el 93% de su asignación. Al menos una de las partidas a nombre de J. & D. García’s Construction, contratada previo a la pandemia para impermeabilizar techos en instituciones correccionales, incluye la nota “Mascarillas N95”. Sin embargo, en el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor no aparecen acuerdos con estas compañías que hayan sido otorgados luego de la aprobación del CARES Act.

Por otro lado, la escasa información disponible en el Registro permite inferir la relación entre algunos de los desembolsos identificados bajo el programa de Trabajo Remoto del Gobierno y contratos vigentes otorgados por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). Dos partidas a nombre de Softek, Inc., que suman más de $593 mil, parecen estar relacionadas a un contrato con el DTOP firmado en junio de 2020 para ampliar las funciones del sistema DAVID+ para renovar licencias de flotas vehiculares. Otro desembolso por $37,341 a la oficina legal Vázquez Graziani & Rodríguez parece corresponder a un contrato de consultoría legal con el DTOP que tampoco está disponible para revisión en el Registro.* Una tercera partida por $250,000 a Be Social, Inc. coincide con la cuantía de un contrato de servicios de publicidad con el DTOP firmado en julio de 2020, el cual no pudo ser revisado por no estar disponible en el Registro de Contratos.* Según el registro de la corporación en el Departamento de Estado, el director de comunicaciones del Departamento de Educación, Aniel Bigio es el vicepresidente de Be Social, Inc.

Cabe señalar que una búsqueda de los ejecutivos clave de estas corporaciones en la lista de donaciones del Contralor Electoral arrojó que al menos dos de ellas tienen lazos político partidistas con la administración actual. En el caso de Softek, Inc., entre el 2011 y el 2018 sus ejecutivos aportaron un total de $25,100 al Partido Nuevo Progresista (PNP) y a sus candidatos, así como $3,700 a candidatos del Partido Popular Democrático (PPD). Durante el mismo periodo, la licenciada María Vázquez Graziani de Vázquez Graziani & Rodríguez donó un total de $40,905 al PNP y sus candidatos así como a campañas a favor de la anexión con Estados Unidos. 

La emergencia que vive el mundo entero ante la propagación del coronavirus requería una respuesta rápida para mitigar el impacto de las medidas que se tomarían para detener la ola de contagios. En este contexto, el gobierno de Puerto Rico ha demostrado nuevamente su incapacidad para proteger los derechos básicos de las personas en cuanto a economía, salud y educación, mientras ha sido rápido para repartir fondos y contratos de forma cuestionable a entidades de capacidad dudosa. El Estado ha abandonado a su suerte a las personas que están sufriendo las consecuencias de la crisis, tal como ocurrió luego del huracán María cuando falló en organizar sus prioridades y cumplir con su responsabilidad de proteger derechos básicos de la gente como el acceso a alimentos y agua, servicios de salud, techo seguro y educación.

Las necesidades más urgentes creadas por la pandemia tienen que ver principalmente con la pérdida total o parcial de ingresos de personas que quedaron cesanteadas a raíz del cierre o disminución de tareas en sus lugares de trabajo. Se estima que se han perdido 82,200 empleos en lo que va del año, lo que se suma al nivel de desempleo que ya existía y a que cientos de miles que trabajaban por cuenta propia no han podido hacerlo debido a la pandemia. Al mes de julio, 526,850 personas que no cualifican para desempleo regular, por no llevar suficiente tiempo en el empleo o trabajar como contratista, estaban reclamando al Programa de Asistencia por Desempleo por la Pandemia (PUA, por sus siglas en inglés), creado por el gobierno federal ante la crisis. A juzgar por los testimonios en redes sociales, la prensa y entre conocidos, miles aún esperan por esta ayuda. También por disposición federal, las beneficiarias del desempleo en cualquiera de sus formas recibieron o deben recibir $600 semanales adicionales desde abril hasta julio. Sin embargo, esta medida expiró la última semana de julio por lo que el beneficio máximo ahora es de $220 semanales, dejando a individuos y familias por debajo del nivel de pobreza y con dificultades para costear alimentos, vivienda, medicamentos y otras necesidades básicas.

Otra consecuencia importante de la pandemia es el cierre de las escuelas y lugares de cuido, así como la implementación de programas de educación a distancia y virtuales. Ambas medidas afectan en mayor grado a las familias de escasos recursos que no tienen el mismo acceso a tecnología o la flexibilidad para trabajar desde el hogar ante la ausencia de una persona o institución que pueda asumir el cuidado de menores de edad. Según el Departamento de Educación, más de la mitad de los estudiantes del sistema público no tienen acceso a internet, lo que les pone en desventaja con sus pares con el servicio, especialmente cuando además se ha retrasado la entrega de módulos impresos con los que puedan seguir sus cursos. Las complicaciones se multiplican al tomar en cuenta que una persona debe mantenerse en la casa con los menores, lo que afecta más agudamente a las madres trabajadoras que se han visto obligadas a renunciar a sus empleos o, en el mejor de los casos, acogerse a licencias sin sueldo o intentar solicitar los beneficios del desempleo.

El retraso en responder a estas situaciones ya ha tenido consecuencias irreversibles en las vidas de muchas personas. El gobierno ha tardado demasiado, aún teniendo disponibles fondos para ello, en activar programas de ayuda de emergencia e incluso hacer mejoras permanentes en los sistemas esenciales que fallaron, como el del desempleo y la educación virtual. Debe actuar de inmediato con la urgencia que requiere el momento. Además, para cumplir con un estándar mínimo de transparencia y rendición de cuentas, debe publicar cuanto antes los contratos que autorizan los desembolsos informados por AAFAF y cuyo propósito y relación con la pandemia no queda claro.