El derecho a la vivienda digna continúa estremeciéndose en nuestro país. Aún hoy, cientos de hogares sufren las consecuencias de los terremotos, mientras otros miles experimentan la precariedad asociada a la pandemia. Los efectos de ambos desastres se agudizan como resultado de la respuesta ineficiente del gobierno. En medio de este panorama desolador, cientos de familias han tenido que enfrentar la tragedia de perder sus casas ante una ejecución de hipoteca. Según datos publicados por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), entre los meses de enero a mayo, 707 propiedades fueron ejecutadas.  

 

Es alarmante que, en medio de sismos y pandemia, el riesgo a enfrentar una ejecución de hipoteca esté en aumento. La OCIF informó que para mayo de 2020, de 354,974 préstamos hipotecarios, 117,423 estaban atrasados en los pagos por 30 días o más. Esto significa que una de cada tres propiedades hipotecadas (es decir, 33.08%) están en riesgo de ser ejecutadas. Comparado a mayo de 2019, esto representa un aumento de 12.5% en el riesgo de que una persona deudora hipotecaria pierda su propiedad. Para marzo de 2020, las entidades hipotecarias tenían en su inventario 2,540 residencias reposeídas.

 

Desde el 28 de diciembre de 2019, fecha en que comenzaron los eventos sísmicos que afectaron principalmente al Sur, hasta el comienzo de la cuarentena por la pandemia, el 15 de marzo, ALPR ha identificado 809 nuevas demandas de ejecuciones de hipotecas presentadas en los tribunales. Lo que significa que, en este periodo, se presentaron un promedio de 10 demandas por ejecuciones de hipoteca diariamente. Enfrentar un proceso altamente complejo como éste, sin acceso a orientación y asistencia adecuada es un acto violento. La pobre fiscalización a las entidades hipotecarias fomenta un ambiente donde abunda la falta de rendimiento de cuentas. Esto, unido al mal manejo de los préstamos y a prácticas ineficientes por parte de las entidades hipotecarias, causan la pérdida de hogares.

La crisis hipotecaria en Puerto Rico es un desastre humano que se entreteje entre desastres naturales. Es indispensable atender de forma urgente la severa desventaja a la que están expuestas miles de familias. Una vez más, ALPR hace un llamado a las instituciones financieras a que se comprometan en la implementación de buenas prácticas en el manejo de sus préstamos hipotecarios. De igual forma es necesario que desarrollen y ejecuten protocolos ante desastres, que respondan a las necesidades de sus clientes hipotecarios. Y el gobierno, a través de sus agencias reguladoras, debe ejercer con eficiencia y prontitud su rol fiscalizador para identificar y exigir la corrección de aquellos actos que pudieran poner en riesgo los hogares de miles de familias.

Leave a Comment





This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Calendario