Justicia para las familias desplazadas por terremotos en Puerto Rico

En los últimos días, tras múltiples eventos sísmicos que aún continúan, miles de familias en el sur, oeste y centro del País se han visto obligadas a abandonar sus residencias. Algunas estructuras fueron destruidas completamente, otras representan un riesgo inminente de colapso y, en el caso de la mayoría de las casas, existe el temor justificado sobre el impacto que pueden tener daños aparentes u ocultos a la seguridad y vida de las familias. La gente no puede y no quiere volver a sus viviendas porque éstas no son un techo seguro.

El gobierno de Puerto Rico tiene la responsabilidad de proveer refugios colectivos de forma inmediata. Anunciar que el 95% de las escuelas públicas - refugios por excelencia - no son seguras es un golpe para la integridad física y la estabilidad emocional de las familias afectadas. Dormir a la intemperie, en campamentos improvisados de refugiados gracias al trabajo de organizaciones comunitarias, donaciones y gobiernos municipales, no puede ser la única alternativa.

Las familias - sobre todo la niñez y las personas envejecientes -  se exponen a las inclemencias del tiempo, a las consecuencias de los temblores incesantes, a violencia física y sexual, a no tener acceso a medicinas y atención adecuada para las crisis de salud mental, entre otros efectos nefastos.

Las personas desplazadas internamente tienen derecho a la protección inmediata de su dignidad humana, sus necesidades básicas y al acceso rápido a la vivienda digna. Obstaculizar o no proveer esta asistencia es una violación de derechos humanos. Es por esto que urge tomar acciones inmediatas para garantizar refugios seguros y viviendas transitorias como un asunto prioritario, así como tomar los pasos afirmativos para canalizar que la asistencia para viviendas permanentes llegará cuanto antes.

Exigimos a la Gobernadora Wanda Vázquez a que actúe inmediatamente y apruebe una orden ejecutiva en relación a lo aquí detallado:

  • 1 Declarando un estado de emergencia en relación a las miles de familias en Puerto Rico que han sido desplazadas internamente.
  • 2 Que se habiliten refugios colectivos en la totalidad de los pueblos afectados así como en municipios limítrofes de forma inmediata y que se provea transportación para que las familias puedan ser trasladadas a los mismos de forma ordenada y rápida.
  • 3 Que se consideren refugios colectivos en el norte de la Isla, sobre todo en el área metropolitana. Esto en atención a que en esta zona abundan los coliseos, ha sido menos asediada por los temblores y beneficiaría la salud mental de las personas refugiadas. La relocalización a otros municipios, por supuesto, debe ser voluntaria.
  • 4 Que se hagan públicos e implementen protocolos para prevenir y atender instancias de violencia sexual o crisis de salud mental en estas facilidades.
  • 5 Ordenar al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) a que congele los precios de materiales de construcción, tan vitales para la construcción de refugios temporeros, viviendas transitorias o permanentes.
  • 6 Educar a las agencias y funcionarios, así como al público general, sobre el derecho que tienen familias con títulos informales a solicitar y recibir asistencia para reparar sus viviendas por parte de las agencias locales y federales.
  • 7 Ordenar al Departamento de Educación a que haga público el listado de escuelas que están construidas fuera del código, permita que personal certificado inspeccione las escuelas previo al inicio de cualquier semestre escolar y publique el resultado de las inspecciones.
  • 8 Ordenar a la Compañia de Turismo de Puerto Rico a que haga público el listado de cuartos de hoteles y paradores disponibles en los pueblos afectados y los lugares limítrofes, para que sean utilizados por las familias como viviendas transitoria.
  • 9 Ordenar al Departamento de la Vivienda a que enmiende el Plan de Acción CDBG-DR para que ponga en manos de los gobiernos municipales los fondos relacionados a los programas de planificación comunitaria y la construcción de los Centros de Resiliencia. Se deben desembolsar estos fondos de forma rápida y oportuna, de forma que una vez superada la etapa de emergencia, los municipios y comunidades puedan priorizarla creación de los centros de resiliencia en su territorio.
  • 10 Ordenar al Departamento de la Vivienda a que haga públicas las estadísticas sobre las solicitudes presentadas por familias afectadas por los huracanes Irma y María al programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación, el cual abrió el 31 de julio del 2019 con los $1.5 mil millones en fondos CDBG-DR que ya tiene en su poder la agencia. El Departamento deberá proveer el número de solicitudes de viviendas afectadas en los pueblos más azotados por los desastres, así como el estado del proceso de inspección y atención de estas viviendas.
  • 11 Solicitar a los municipios a que hagan públicos los listados de viviendas vacantes en terrenos seguros.
  • 12 Exigir a las instituciones financieras moratorias claras para los préstamos hipotecarios y personales de las familias afectadas.
  • 13 Ordenar a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras así como a las entidades bancarias reguladas por ésta entidad, a que hagan públicas las listas de propiedades residenciales reposeídas y que están vacantes, para que puedan ser consideradas como opciones de vivienda transitoria o permanente.

Las personas desplazadas internamente tienen derecho a la protección inmediata de su dignidad humana, sus necesidades básicas y al acceso rápido a la vivienda digna.

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Endosos institucionales para la carta que será entregada a la Gobernadora Wanda Vázquez: 

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