El acceso a la justicia y las ejecuciones de hipotecas

La crisis de vivienda que enfrenta el País afecta desproporcionalmente a laspoblaciones más vulnerables. Esta crisis se agrava por la austeridad, el aumento en lapobreza y la desigualdad, así como por la pérdida de miles de techos tras loshuracanes de 2017 y la inacción de los gobiernos locales y federales para repararlos.No disfrutar de una vivienda digna implica poner en riesgo otros derechosfundamentales como la salud, el empleo, la educación y la vida digna. Se estima quemás de 64,000 familias se encuentran a punto de perder sus viviendas debido a que nopueden cumplir con sus pagos de hipoteca. Existen diversas leyes y mecanismos quesuponen proteger a las personas deudoras, tales como la legislación que requiereacudir a mediación en procesos de ejecución y la moratoria de un año en el pago de lospréstamos federales tras los desastres. Sin embargo, estos han demostrado serinsuficientes para mediar en la desigualdad entre los acreedores y las personas que nopueden pagar sus préstamos, no cuentan con los recursos para negociar con el banco y experimentan barreras de acceso a la justicia.

ESTADÍSTICAS

 

Las estadísticas recientes sobre ejecuciones de hipotecas son aquellas publicadas por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF). Estas estadísticas representan una aproximación a este complejo problema. Por ejemplo, no incluyen datos sobre préstamos que han sido vendidos por los bancos y podrían reflejar incorrectamente el impacto de las moratorias.

Para el año 2018, se calculaba que en Puerto Rico había más de 372 mil préstamos hipotecarios. De estos, se estima que 50,399 se encuentran en estatus de morosidad. Una persona puede incurrir en morosidad si deja de realizar tres pagos de hipoteca.

Las estadísticas de OCIF reflejan que el valor de las viviendas ejecutadas por los bancos en Puerto Rico en los últimos 10 años (2008-2018) asciende a $5,790,043,000.00. El estimado de casas ejecutadas en este periodo asciende a 34,377. Se estima que un total de 137,508 personas quedaron en la calle. El Banco Popular de Puerto Rico es la institución bancaria con más ejecuciones (16,899), seguido por Doral Bank (6,618), Scotiabank (4,460), First Bank (3, 647), Santander (2,431) y Oriental Bank (322).

En los tribunales, para el año fiscal 2016-2017, se presentaron 8,448 casos de ejecuciones de hipoteca. Esta estadística no incluye los pleitos que se presentan en el tribunal federal, donde las barreras de acceso a la justicia son mucho mayores.

Otro dato importante es el de la pobreza. Según los datos del Centro de Información Censal (CIC) de la Universidad de Puerto Rico en Cayey (UPR-Cayey), se estima que el nivel de pobreza en Puerto Rico a raíz del huracán María aumentó de un 44.3% a un 52.3%. El nivel de desempleo, la migración de personas en edad productiva a los Estados Unidos, así como la feminización de la pobreza son factores importantes a considerar.

NUESTRO TRABAJO

Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR) es una organización sin fines de lucro cuyo propósito es proveer educación y apoyo legal gratuito y accesible a personas y comunidades de bajos y medianos recursos. Nuestros ejes de trabajo son el desarrollo de coaliciones, la educación legal, el desarrollo de capacidades, el trabajo legal comunitario y la abogacía de impacto social. Estos ejes se nutren del uso innovador de la tecnología y del análisis de políticas públicas.

 

Contamos con varias iniciativas dirigidas a personas y familias en riesgo de ejecución de hipoteca. Estas incluyen la herramienta www.derechoatucasa.org, que ofrece educación legal gratuita y accesible, la línea de ayuda en casos de vivienda y el acompañamiento legal que se ofrece a través de herramientas digitales y los talleres comunitarios. Desarrollamos análisis de política pública para cambiar los procesos y legislaciones que afectan el acceso a la justicia y el derecho a la vivienda. En el caso de las ejecuciones de hipotecas, presentamos recomendaciones puntuales a la Legislatura, Rama Judicial, Procuradurías y otras entidades gubernamentales y no gubernamentales que velan por los derechos de poblaciones vulnerables.

AyudaLegal-Color-Stacked-Logo (1)
WordPress Video Lightbox