Puerto Rico enfrenta una crisis de ejecuciones de hipotecas sin precedente. Debemos educarnos para conocer, ejercer y defender el derecho a la vivienda.
Ninguna persona está sola ante un proceso de ejecución.
La vivienda es un derecho y no un negocio
Según datos publicados por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, entre enero y mayo 2020 se ejecutaron las viviendas de 719 familias. Esto ocurrió en meses en los que el País fue azotado terremotos y una pandemia, en los que no se recibíó de forma oportuna el desempleo y la asistencia para alimentos a los que las personas tienen derecho. La crisis hipotecaria es real, afecta desproporcionadamente a quienes aún no de recuperan de los desastres del 2017 y que hoy siguen acumulando el impacto de eventos y políticas que les empobrecen. Es responsabilidad del gobierno actuar para frenar la pérdida de viviendas ante instituciones financieras.
Conocer tus derechos es poder.
Conoce tus derechos ante el riesgo de ejecución
Este portal incluye información legal importante sobre los procesos y etapas antes, durante y posteriores a la ejecución de hipoteca. Sumamos información especial para grupos particulares como sobrevivientes de violencia de género y personas adultas mayores, afectadas por la crisis.
Guía práctica de apoderamiento legal contra las ejecuciones
Guía para las personas que, con o sin representación legal, desean conocer sus derechos en cuanto a las ejecuciones de hipoteca. La información atiende el proceso antes, durante y después de la ejecución, fuera y dentro de los tribunales.
Exígimos moratorias justas
La banca tiene responsabilidad de actuar ante desastres. Queremos moratorias justas y claras para personas afectadas por los desastres. Estos principios son indispensables para proteger el derecho a la vivienda para estas familias en momentos de más vulnerabilidad.
La responsabilidad de la banca
Exigimos que la banca adopte mejores prácticas que protejan los derechos de toda persona deudora.Estas buenas prácticas se inspiran en leyes fuentes locales, federales e internacionales. Buscan la protección de nuestra dignidad humana.