El proceso de recuperación tras los huracanes Irma y María revivió el debate entre la construcción formal y la construcción informal. Además de crear confusión entre los requisitos para recibir asistencia, demasiadas veces el discurso en torno a la construcción informal tiende al reproche, la descontextualización y la criminalización. 

 

Como definimos en una entrada anterior, la construcción formal es aquella que cumple con los requisitos de permisos y diseño, y fue hecha bajo la supervisión de ingenieros y arquitectos licenciados. La construcción informal, en cambio, usualmente se refiere a construcción autogestionada, que se realiza sin cumplir con los requisitos de certificaciones, permisos y procesos ante las entidades correspondientes, como la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), y que no necesariamente cumplen con los códigos de construcción.

Aunque no hay datos certeros, para el 2020 se estimó que sobre 200,000 mil viviendas en Puerto Rico son construcciones informales.

Aunque no hay datos certeros, para el 2020 se estimó que sobre 200,000 mil viviendas en Puerto Rico son construcciones informales. Las razones por la que una persona recurre a la construcción autogestionada pueden incluir el alto costo de acceder una vivienda, los altos costos de los materiales y aranceles gubernamentales, y la complejidad de los procesos de permisos. Queda claro, sin embargo, que esta situación es un reflejo del fracaso del Estado en asegurar una vivienda digna y asequible para todas. 

 

Algunos sectores reclaman que la respuesta a desastres penalice a las sobrevivientes que, por una serie de razones históricas, recurren a la construcción autogestionada limitando la asistencia de recuperación. Se traen a colación los riesgos que podría representar la construcción autogestionada y con frecuencia, se presenta el desplazamiento como la supuesta solución al problema. 

 

En realidad, los fondos federales para la recuperación no tienen como prioridad atender la informalidad de la construcción. La reubicación de las viviendas puede ocurrir si el lugar donde se ubican es en un área de riesgo, definida por condición de inundabilidad u otro elemento que impida la reconstrucción en el mismo lugar. La reconstrucción tampoco está predicada en la formalidad de la construcción, sino en el costo de proceso. Si el costo de reparación es mayor de $60,000 dólares, la vivienda no se repara sino que se reconstruye. Los fondos destinados para la mitigación de desastres futuros tampoco están dirigidos a eliminar las construcciones informales, pues HUD eliminó la posibilidad de utilizar fondos bajo la prioridad de eliminación de arrabales (slums) y condiciones desfavorables (blight). A pesar de ello, para algunos la única respuesta para los problemas en las comunidades empobrecidas es el desplazamiento forzoso. 

La construcción formal no necesariamente garantiza que la construcción sea segura o que la construcción se haga conforme a los códigos de implementación aplicables.

De hecho, FEMA identificó la pobre implementación de los códigos de construcción como un riesgo y asignó fondos de mitigación para apoyar al Gobierno de Puerto Rico a actualizar e implementar los códigos. Algunas de las mismas voces que señalan la construcción autogestionada como peligrosa, han denunciado los códigos de construcción como excesivos y causantes del alto costo de la vivienda construida. 

 

Una construcción informal puede ser, pero no tiene que ser, riesgosa. Se ha demostrado que con cierto grado de apoyo, la construcción autogestionada puede ayudar a satisfacer necesidades de vivienda segura y accesible. Así por ejemplo, los programas de Ayuda Mutua y Esfuerzo Propio del Gobierno de Puerto Rico o el Taller de Arquitectura y Urbanismo Comunitario desde la UPR que han apostado a que las personas sean partes activas en el proceso de gestión de la vivienda, aportando incluso su mano de obra.

 

Tenemos que alejarnos del discurso y políticas que parten de la presunción sobre las construcciones autogestionadas como inseguras, inestables, y prescindibles porque no generan ingresos y adoptar alternativas cónsonas con las realidades socioeconómicas del archipiélago y los derechos humanos de la gente.

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