Tortugas, viviendas y desastres ante la crisis climática

La ecología sin lucha social es simplemente jardinería”.

-Chico Méndez, ambientalista brasileño

Pocas luchas ambientales han sido tan constantes como la protección y acceso a las costas. A pesar de que el ordenamiento jurídico prohíbe la apropiación de las playas y los bienes públicos marítimo terrestres y exige una separación mínima entre los bienes públicos y las construcciones permanentes, son múltiples los ejemplos de proyectistas que retan esas normas y agencias que no aseguran su cumplimiento. Recae sobre la gente, entonces, la defensa de sus playas. Ya sea en Carolina, en Santa Isabel o en Rincón, para las personas que vivimos aquí la consigna es clara: las playas son del Pueblo. 

 

Además de la limitación al acceso para su uso y disfrute, las construcciones afectan las playas a nivel ecológico. Impactan la morfología de las costas, impactan la distribución de las plantas e interfieren con los hábitats de muchas especies, incluyendo algunas en peligro de extinción como las tortugas marinas - comunistas o no. 

 

Los desastres, incluyendo la crisis climática, nos obligan a reevaluar nuestra relación con las costas. La crisis climática acentuará amenazas a la propiedad y la vida a través de cambios a los patrones de inundaciones, sequías y tormentas y huracanes. Reconocemos también que el cambio climático no afecta a todas las personas por igual, sino que algunas personas se afectan más y primero. Más aún, la crisis climática se asienta sobre las desigualdades y vulnerabilidades que el sistema ya impone a las personas y comunidades empobrecidas y racializadas.

Por ello, definimos justicia climática como un reclamo a que se tomen pasos afirmativos concretos para atajar una crisis climática que impacta de forma desigual a la población. No podemos enfrentar el cambio climático sin reconocer y enfrentar también esas desigualdades.

Si bien es cierto que las construcciones tienen impactos en la naturaleza, en la construcción misma y en las comunidades cercanas, también es cierto que hay diferentes razones y formas por las que las comunidades ocupan espacios peligrosos, incluyendo las costas. También es cierto que el Estado responde a ellas de forma distinta; mientras que para unas comunidades se consideran medidas de adaptación y mitigación, para otras solo se considera el desalojo.

La crisis climática no puede servir de excusa para reproducir esos patrones de opresión.

Mientras defendemos la importancia de devolver los terrenos robados al mar, asumimos la protección de las comunidades históricamente marginadas que por razones históricas de opresión y poder, han hecho sus hogares en las costas. La casa, tierra y clima son piezas claves de la recuperación que queremos alcanzar. Aspiramos a un diálogo honesto, que reconozca las inequidades del sistema y que resulte en la adopción de medidas adecuadas para la adaptación a los efectos del cambio climático y que aseguren estándares de vida adecuados para toda la población. Necesitamos un plan gestionado con participación ciudadana real y efectiva, para evaluar posibles y desarrollar nuevas estrategias para vivir el País.

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