La vivienda digna no se limita a una estructura. La justicia energética es esencial para el derecho al techo. 

 

La gente necesita acceso a energía eléctrica confiable, constante, y accesible para garantizar su calidad de vida. El paso de los huracanes Irma y María dejó al descubierto el estado precario  de nuestro sistema eléctrico. El saldo de años de austeridad y mal manejo fue al menos once meses sin energía para partes de la población e incontables vidas perdidas. La respuesta inicial bajo FEMA, y el mandato del Stafford Act de reparar y reconstruir, se limitó a restablecer el servicio, no a fortalecerlo. 

 

Tras cuatro años de desastres, este 22 de junio de 2021, el Departamento de Vivienda federal (HUD, por sus siglas en inglés) emitió un Aviso de Asignación en el que asigna sobre $1,900 millones de dólares para reparar y mejorar el sistema eléctrico y mitigar daños posibles en el futuro. Esta nueva asignación bajo la Subvención en Bloque para Desarrollo Comunitario por Desastre (CDBG-DR, por sus siglas en inglés) permitirá al Gobierno de Puerto Rico hacer unas muy necesarias mejoras al sistema 

 

El Aviso indica que los proyectos deben cumplir con la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico, Ley 17-2019. Esta ley dispone entre sus objetivos, que la generación de energía vaya reduciendo su dependencia en combustibles fósiles y alcance un 100% de generación con energía renovable antes del 2050. Reducir las emisiones de gases de invernadero, así como eliminar las emisiones de la quema de combustibles fósiles que día a día afectan la salud de las comunidades cercanas, son imperativos de la justicia ambiental y climática. La generación con placas solares ubicadas en los techos de las casas sigue siendo la mejor alternativa para lograr este cometido.

 

Ahora bien, esta nueva entrada de fondos muy bien puede implicar una nueva ronda de contrataciones externas para hacer las reparaciones. De hecho, si HUD lo autoriza, estos fondos pueden utilizarse en utilidades privadas. La experiencia pos-María con Whitefish y más recientemente con Luma Energy, nos sigue demostrando que la privatización no es la respuesta. Más aún, la contratación privada para la recuperación, sin la debida supervisión y participación, permite que se destinen estos fondos sin consideración de las necesidades de las personas más afectadas. Urge que el Departamento de la Vivienda establezca medidas de confiabilidad y transparencia que eviten que la historia se repita

 

Estos fondos, junto a otros fondos de mitigación incluyendo los CDBG-MIT, brindan una oportunidad histórica a la Autoridad de Energía Eléctrica de transformar el sistema en uno más limpio, seguro y público. Como en todos los procesos para los fondos CDBG, esto dependerá que se creen mecanismos transparentes y confiables comprometidos en garantizar los derechos y necesidades de la gente. 

Ni Luma, ni otras corporaciones privadas que responden sólo a los intereses de sus dueños, pueden asegurar la tan urgente transición justa a energía renovable.

Por el contrario, la privatización se presta a perpetuar el uso de las prácticas y combustibles más dañinos para el ambiente y la salud, como las de AES, cuya generación se basa en la quema de carbón. El dinero de la recuperación no puede servir para alimentar a compañías que no responden a la gente y que, además, terminan adueñándose de lo poco que nos queda.

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