Recuperación justa ante el COVID-19

El COVID-19 es un desastre, como los huracanes y terremotos. Ante la pandemia, es responsabilidad del gobierno proteger los derechos humanos de quienes viven en Puerto Rico. Se deben garantizar las condiciones para que que la gente practique el distanciamiento físico sin poner en riesgo su salud, vivienda o trabajo
Ayuda Legal Puerto Rico ante la pandemia
Nuestro compromiso es acompañar. Conoce qué hemos estado haciendo ante este desastre.
Nuestros reclamos ante el COVID-19
- Los derechos no quedan suspendidos ante la pandemia. El estado no puede renunciar a su deber de hacer pruebas y monitorear los casos de COVID-19 para procurar la salud pública. Tampoco puede utilizar la pandemia como excusa para violar derechos y cometer abusos.
- El gobierno no puede adoptar restricciones en el vacío. Exigimos que toda medida que limite derechos se base en información clara, científica, sustentada y verificable.
- El acceso a la información es un derecho fundamental. La información que sustenta las acciones del Gobierno debe estar disponible , en lenguaje y formato sencillo
- Queremos pruebas COVID-19 gratis para todxs, independientemente de su capacidad económica o estatus migratorio.Las plataformas para canalizar asistencia económica o social a las familias debe ser accesible y efectiva. Esto incluye procesos para solicitar el seguro de desempleo, alimentos, plan médico público y más.
- Más de la mitad del País tiene acceso limitado al internet. No todas las personas cuentan con teléfono. Deben establecerse sistemas de acompañamiento y asistencia técnica e incluso presencial si es necesario para llegar a todas las personas.
- El transporte público - terrestre y marítimo- debe estar disponible para garantizar la salud, el acceso a la justicia y otros derechos de poblaciones empobrecidas, viejas y con diversidad funcional
- El acceso a internet es un derecho que se ata a derechos como la libertad de expresión, la educación y la participación. Por tanto, su acceso - más aún en tiempos de desastres- debe ser universal y gratuito.
- Deben agilizarse los procesos de reparación y reconstrucción de viviendas destruidas por huracanes y terremotos, tomando en cuenta que viene una temporada activa de huracanes en meses. Esto agravará la precariedad actual si no se actúa ahora por el derecho al techo.
- Ninguna persona desplazada por los terremotos debe quedar atrás. Urge establecer protocolos para prevenir y atender COVID-19 en los campamentos en el sur, sin discrimen o violaciones a los derechos de estas familias.
- Paralizar toda acción de ejecución de hipoteca, venta judicial y lanzamientos por 90 días tras el fin de la crisis.
- Que en toda orden ejecutiva que establezca una declaración de emergencia se exhorte a la banca a establecer moratorias justas a las personas deudoras. La duración de la moratoria deberá ser razonable y ajustarse a las necesidades y deseos de las familias.
- Exigir a la banca entregar a toda persona afectada por un desastre y que solicita una moratoria o alguna asistencia, una lista e información de contacto de agencias y entidades que brinden servicios de apoyo financiero, psicosocial y legal durante emergencias.
- Establecer un programa de asistencia o subsidio para renta, aplicable a toda persona que viva en Puerto Rico y tenga un contrato de alquiler.
- Que en toda orden ejecutiva con una declaración de estado de emergencia, se establezca como política pública central prohibir desahucios o lanzamientos hasta el fin de la crisis
- Garantizar el derecho de acceso a la justicia en los procesos de desahucios. Reconocer el derecho a la asignación de representación legal en casos de desahucios.
- Ninguna persona se puede quedar en casa si no tiene las condiciones necesarias para garantizar la seguridad económica. En nuestro sistema, sin trabajo remunerado no hay acceso a la salud, alimentos o vivienda.
- El trabajo esencial - exento del toque de queda - es amplio. Incluye profesionales de la salud como médicos, pero también a personas que trabajan en establecimientos de comida rápida o supermercado. Estas personas son las peores pagadas. Más que aplausos, toda persona trabajadora merece un salario y condiciones de empleo que le permitan vivir dignamente.
- Garantizar a toda persona trabajadora el equipo protector necesario. Es deber de los patronos y del estado hacer cumplir este derecho.
El distanciamiento no equivale silencio.
Ante el desastre político, exigiremos más derechos.
Por ti, por mí, por nuestro derecho al País.