Junto a numerosas organizaciones, grupos, comunidades y persona solidarias, fuimos partícipes del proceso de respuesta rápida tras los huracanes Irma y María. Atestiguamos cómo la falta de protocolos y la implementación inadecuada de la legislación local y federal se sumaron a otros obstáculos que impidieron que la asistencia llegará de forma oportuna a las personas afectadas.
Como resultado, dos años después de los desastres, la vulnerabilidad de las familias aumentó, miles de casas se mantienen sin techos seguros, no se han implementado medidas de mitigación y reina la amenaza de desplazamientos forzosos a las personas más pobres.
Los desastres no son naturales. Son la consecuencia de la desigualdad y los sistemas que no priorizan a la gente. La crisis no nos afecta por igual. Afecta desproporcionadamente a comunidades y personas históricamente marginadas. Las mujeres, la niñez, las personas viejas e inmigrantes, las comunidades pobres y las negras están en mayor vulnerabilidad.
A este panorama - en el cual incluimos la austeridad y la pobreza - sumamos un nuevo desastre. La secuencia de eventos sísmicos que continúa afectando el sur de Puerto Rico, ha causado daños significativos a las viviendas y seguridad física y emocional de las familias.
Deseamos compartir nuestros experiencias atendiendo la emergencia - a corto, mediano y largo plazo - porque reconocemos que la dilación y la falta de asistencia cuesta vidas. Recurrimos al gobierno de Puerto Rico, al de los Estados Unidos y en especial a FEMA y a HUD, para que asumamos estas lecciones como parámetros de mejores prácticas. Sólo así se garantizará la recuperación justa de las comunidades.
