Junto a numerosas organizaciones, grupos, comunidades y persona solidarias, fuimos partícipes del proceso de respuesta rápida tras los huracanes Irma y María. Atestiguamos cómo la falta de protocolos y la implementación inadecuada de la legislación local y federal se sumaron a otros obstáculos que impidieron que la asistencia llegará de forma oportuna a las personas afectadas. Este panorama se repitió con los terremotos del 2020 y la pandemia.
Los desastres no son naturales. Son la consecuencia de la desigualdad y los sistemas que no priorizan a la gente. La crisis no nos afecta por igual. Afecta desproporcionadamente a comunidades y personas históricamente marginadas. Las mujeres, la niñez, las personas viejas e inmigrantes, las comunidades pobres y las negras están en mayor vulnerabilidad.
Señalamos que el gobierno es responsable por garantizar las vidas antes, durante y después de los desastres. Reconocemos la lentitud de la recuperación que todavía no logra garantizar techos seguros o mitigación. Denunciamos los desplazamientos y la inequidad en la reconstrucción. Al mismo tiempo, reconocemos el valor de la abogacía y de que cuando trabajamos con estrategia por la recuperación justa, sabemos ganar. Conoce y apoya nuestros reclamos aquí.
- Desarrollar, publicar e implementar planes de emergencia adecuados, participativos y efectivos.
- Establecer centros gubernamentales para el manejo de la emergencia, a nivel estatal y regional.
- Establecer programas de planificación comunitaria - con fondos estatales o federales- para prevenir y mitigar riesgos, de forma individual y colectiva.
- Hacer disponibles refugios dignos, seguros y accesibles a las personas y familias afectadas. Deberá velarse por el establecimiento de protocolos para proteger a la niñez, evitar la violencia sexual y garantizar los derechos de poblaciones con diversidad funcional.
- Hacer disponibles refugios no congregados en atención a necesidades que deriven de la emergencia de salud pública de la pandemia del COVID-19 y otras circunstancias similares.
- Hacer disponibles viviendas transitorias dignas, seguras y accesibles dentro del archipiélago de Puerto Rico. Ninguna persona debe verse ante la única opción de abandonar su País.
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Garantizar que ninguna persona será discriminada por razón de clase, género, orientación sexual, identidad de género, estatus migratorio, edad, raza o diversidad funcional.
- Solicitar de forma inmediata - a las entidades municipales, locales y federales- toda la asistencia a la que tienen derecho las personas afectadas por los desastres, incluyendo asistencia individual y pública.
- Hacer disponibles solicitudes de asistencias accesibles y uniformes, incluyendo alternativas en papel a utilizarse cuando no haya otros mecanismos disponibles.
- Establecer centros regionales, disponibles más allá de horarios laborables y en fines de semana, para que las personas afectadas presenten sus solicitudes.
- Prohibir que oficiales armados se coloquen en las entradas de estos centros, acción que impide el ejercicio legítimo de buscar asistencia para desastres por parte del gobierno.
- Evaluar las solicitudes de asistencia de forma justa, rápida y equitativa.
- Ofrecer determinaciones oportunas claras, por escrito y en español.
- Realizar inspecciones adecuadas para evaluar daños, por personas preparadas, debidamente identificadas y que hablen español.
- Garantizar que las personas dueñas reciban asistencia para reparar sus hogares tengan o no títulos formales. Esto se logra adoptando la declaración uniforme preparada por Ayuda Legal Puerto Rico y avalada por organizaciones locales y agencias federales para el manejo de desastres
- Velar por el rápido desembolso de la asistencia individual aprobada.
- Promover la mitigación como una alternativa ante los desplazamientos.
- Adoptar una política de minimización de desplazamientos y un plan de relocalización con perspectiva de derechos humanos. Esto incluye publicar un inventario de propiedades disponibles para la relocalización.
- Garantizar el derecho al retorno de quienes tuvieron que irse de su comunidad, municipio e, incluso, de Puerto Rico.
- Adoptar una perspectiva transversal de justicia climática que promueva el reconocimiento de la crisis climática y la necesidad de estrategias que protejan el ambiente, la vida y el derecho a la vivienda.
- Garantizar la mitigación efectiva y la planificación participativa.
- Establecer medidas para evitar que las propiedades compradas creen un efecto ajedrezado en la comunidad que permanece. Esto incluye considerar el uso de incentivos para que las comunidades abandonen juntas un área de alto riesgo donde la mitigación no sea posible
- Enmendar los requerimientos del Departamento de Vivienda Federal (HUD) para exigirle al gobierno local - incluyendo al Departamento de la Vivienda - parámetros claros y amplios de participación, antes y durante la creación de planes así como a través del proceso de recuperación.
- Reconocimiento de cuerpos asesores regionales, facilitados por personas independientes al gobierno, que promuevan la incidencia comunitaria y cívica en los procesos de recuperación.
- Establecer mecanismos de fiscalización de las compañías contratadas para llevar a cabo procesos relacionados a la recuperación. Esto incluye la adopción de guías, reglamentos y directrices para garantizar el trato digno y adecuado de las personas solicitantes.
- Crear y mantener actualizado un portal de transparencia que evidencia el avance de los programas de recuperación, incluyendo indicadores relacionados a género, raza, edad, composición familiar y otros datos anónimos de solicitantes.
- Uniformar políticas de acceso que garanticen a personas sin título formal el acceso pleno a las asistencias y programas de vivienda disponibles.
- Aprobar y difundir guías para los procesos de recobro y las distintas etapas y requisitos a las que someterán a las personas solicitantes para que estas puedan tomar una decisión informada sobre la asistencia a ser provista.
- Disponer del remedio completo según las circunstancias particulares de cada caso. Es decir, que las determinaciones del Departamento contengan la totalidad de las alternativas disponibles para la persona solicitante.
- Publicar información como el perfil demográfico de quienes solicitan, el número de solicitudes, las determinaciones de elegibilidad, entre otras, de manera actualizada y transparente.
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