Hacia la recuperación justa:

Nuestros reclamos

Junto a numerosas organizaciones, grupos, comunidades y persona solidarias, fuimos partícipes del proceso de respuesta rápida tras los huracanes Irma y María. Atestiguamos cómo la falta de protocolos y la implementación inadecuada de la legislación local y federal se sumaron a otros obstáculos que impidieron que la asistencia llegará de forma oportuna a las personas afectadas.

Como resultado, dos años después de los desastres, la vulnerabilidad de las familias aumentó, miles de casas se mantienen sin techos seguros, no se han implementado medidas de mitigación y reina la amenaza de desplazamientos forzosos a las personas más pobres. 

Los desastres no son naturales. Son la consecuencia de la desigualdad y los sistemas que no priorizan a la gente. La crisis no nos afecta por igual. Afecta desproporcionadamente a comunidades y personas históricamente marginadas. Las mujeres, la niñez, las personas viejas e inmigrantes, las comunidades pobres y las negras están en mayor vulnerabilidad. 

A este panorama - en el cual incluimos la austeridad y la pobreza - sumamos un nuevo desastre. La secuencia de eventos sísmicos que continúa afectando el sur de Puerto Rico, ha causado daños significativos a las viviendas y seguridad física y emocional de las familias. 

Deseamos compartir nuestros experiencias atendiendo la emergencia - a corto, mediano y largo plazo - porque reconocemos que la dilación y la falta de asistencia cuesta vidas. Recurrimos al gobierno de Puerto Rico, al de los Estados Unidos y en especial a FEMA y a HUD, para que asumamos estas lecciones como parámetros de mejores prácticas. Sólo así se garantizará la recuperación justa de las comunidades. 

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Antes de la emergencia

  • Desarrollar, publicar e implementar planes de emergencia adecuados, participativos y efectivos.
  • Establecer centros gubernamentales para el manejo de la emergencia, a nivel estatal y regional.
  • Establecer programas de planificación comunitaria - con fondos estatales o federales- para mitigar riesgos, de forma individual y colectiva, y responder a emergencias, y asignar fondos para implementar estas recomendaciones.

Respuesta inmediata

  • Garantizar el derecho a decidir, permanecer y retornar de las comunidades y familias afectadas.
  • Hacer disponibles refugios colectivos dignos, seguros y accesibles a las personas y familias afectadas. Deberá velarse por el establecimiento de protocolos para proteger a la niñez, evitar la violencia sexual y garantizar los derechos de poblaciones con diversidad funcional.
  • Hacer disponible viviendas transitorias dignas, seguras y accesibles dentro del archipiélago de Puerto Rico. Ninguna persona debe verse ante la única opción de abandonar su País.

Acceso equitativo a la recuperación

  • Solicitar de forma inmediata - a las entidades municipales, locales y federales- toda la asistencia a la que tienen derecho las personas afectadas por los desastres.Hacer disponibles solicitudes de asistencias accesibles y uniformes.
  • Establecer centros regionales, disponibles más allá de horarios laborables y en fines de semana, para que las personas afectadas presenten sus solicitudes.
  • Prohibir que oficiales gubernamentales armados se coloquen en las entradas de estos centros, acción que impide el ejercicio legítimo de buscar asistencia para desastres por parte del gobierno.
  • Hacer disponibles solicitudes de asistencias accesibles y uniformes.
  • Garantizar que ninguna persona será discriminada por razón de clase, género, orientación sexual, identidad de género, estatus migratorio, edad, raza o diversidad funcional.
  • Garantizar que las personas dueñas puedan recibir asistencia para reparar sus hogares tengan o no títulos formales. Esto se logra adoptando la declaración uniforme preparada por Ayuda Legal Puerto Rico y avalada por organizaciones locales, como la Fundación del Fondo de Acceso a la Justicia. En el 2017, se logró que FEMA reconociera que tal declaración era suficiente para probar que las solicitantes eran dueñas.
  • Realizar inspecciones de daños adecuadas y oportunas, por personas preparadas, debidamente identificadas y que hablen español. Estas personas deben ser adiestradas de forma comprensiva.
  • Evaluar las solicitudes de forma justa, rápida y equitativa.
  • Ofrecer determinaciones oportunas claras, por escrito y en español, respecto a las solicitudes de asistencia.
  • Desembolsar rápidamente la asistencia individual aprobada.
  • Priorizar la reparación y reconstrucción.
  • Establecer una moratoria indefinida a las relocalizaciones - más allá de instancias de emergencia- reconociendo que la mitigación y la planificación participativa deben ser las primeras alternativas siempre.
  • Adoptar una política de minimización de desplazamientos y un plan de relocalización con perspectiva de derechos humanos.
  • Garantizar el derecho al retorno de quienes tuvieron que irse de su comunidad, municipio e, incluso, de Puerto Rico.

Participación real, efectiva y sostenida en los procesos

  • Enmendar los requerimientos del Departamento de Vivienda Federal (HUD) para exigirle al gobierno local - incluyendo al Departamento de la Vivienda - parámetros claros y amplios de participación, antes y durante la creación de planes así como a través del proceso de recuperación.
  • Crear Consejos Comunitarios regionales para evaluar el funcionamiento de los planes de recuperación y las decisiones tomadas por los funcionarios de la agencia.