Junto a numerosas organizaciones, grupos, comunidades y persona solidarias, fuimos partícipes del proceso de respuesta rápida tras los huracanes Irma y María. Atestiguamos cómo la falta de protocolos y la implementación inadecuada de la legislación local y federal se sumaron a otros obstáculos que impidieron que la asistencia llegará de forma oportuna a las personas afectadas.
Como resultado, años después de los desastres, la vulnerabilidad de las familias aumentó, miles de casas se mantienen sin techos seguros, no se han implementado medidas de mitigación y reina la amenaza de desplazamientos forzosos a las personas más pobres.
Los desastres no son naturales. Son la consecuencia de la desigualdad y los sistemas que no priorizan a la gente. La crisis no nos afecta por igual. Afecta desproporcionadamente a comunidades y personas históricamente marginadas. Las mujeres, la niñez, las personas viejas e inmigrantes, las comunidades pobres y las negras están en mayor vulnerabilidad.
A este panorama - en el cual incluimos la austeridad y la pobreza - sumamos un nuevo desastre. La secuencia de eventos sísmicos que continúa afectando el sur de Puerto Rico, ha causado daños significativos a las viviendas y seguridad física y emocional de las familias.
Deseamos compartir nuestros experiencias atendiendo la emergencia - a corto, mediano y largo plazo - porque reconocemos que la dilación y la falta de asistencia cuesta vidas. Recurrimos al gobierno de Puerto Rico, al de los Estados Unidos y en especial a FEMA y a HUD, para que asumamos estas lecciones como parámetros de mejores prácticas. Sólo así se garantizará la recuperación justa de las comunidades.
- Desarrollar, publicar e implementar planes de emergencia adecuados, participativos y efectivos.
- Establecer centros gubernamentales para el manejo de la emergencia, a nivel estatal y regional.
- Establecer programas de planificación comunitaria - con fondos estatales o federales- para prevenir y mitigar riesgos, de forma individual y colectiva.
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Garantizar el derecho a decidir, permanecer y retornar de las comunidades y familias afectadas.
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Hacer disponibles refugios colectivos dignos, seguros y accesibles a las personas y familias afectadas. Deberá velarse por el establecimiento de protocolos para proteger a la niñez, evitar la violencia sexual y garantizar los derechos de poblaciones con diversidad funcional.
- Hacer disponibles viviendas transitorias dignas, seguras y accesibles dentro del archipiélago de Puerto Rico. Ninguna persona debe verse ante la única opción de abandonar su País.
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Garantizar que ninguna persona será discriminada por razón de clase, género, orientación sexual, identidad de género, estatus migratorio, edad, raza o diversidad funcional.
- Solicitar de forma inmediata - a las entidades municipales, locales y federales- toda la asistencia a la que tienen derecho las personas afectadas por los desastres.
- Hacer disponibles solicitudes de asistencias accesibles y uniformes.
- Establecer centros regionales, disponibles más allá de horarios laborables y en fines de semana, para que las personas afectadas presenten sus solicitudes.
- Prohibir que oficiales armados se coloquen en las entradas de estos centros, acción que impide el ejercicio legítimo de buscar asistencia para desastres por parte del gobierno.
- Evaluar las solicitudes de asistencia de forma justa, rápida y equitativa.
- Ofrecer determinaciones oportunas claras, por escrito y en español.
- Realizar inspecciones adecuadas para evaluar daños, por personas preparadas, debidamente identificadas y que hablen español.
- Garantizar que las personas dueñas reciban asistencia para reparar sus hogares tengan o no títulos formales. Esto se logra adoptando la declaración uniforme preparada por Ayuda Legal Puerto Rico y avalada por organizaciones locales y agencias federales para el manejo de desastres
- Desembolsar rápidamente la asistencia individual aprobada.
- Priorizar la reparación y reconstrucción de viviendas.
- Eliminar la prohibición absoluta de reconstruir o hacer mejoras sustanciales en zonas de riesgo, en la medida que no es compatible con la consideración de medidas de mitigación.
- Establecer una moratoria indefinida a las relocalizaciones - más allá de instancias de emergencia donde la persona quiera solicitar - reconociendo que la mitigación y la planificación participativa deben ser las primeras alternativas siempre.
- Adoptar una política de minimización de desplazamientos y un plan de relocalización con perspectiva de derechos humanos. Esto incluye publicar un inventario de propiedades disponibles para la relocalización.
- Garantizar el derecho al retorno de quienes tuvieron que irse de su comunidad, municipio e, incluso, de Puerto Rico.
- Adoptar una perspectiva transversal de justicia climática que promueva el reconocimiento de la crisis climática y la necesidad de estrategias que protejan el ambiente, la vida y el derecho a la vivienda.
- Operacionalizar de manera efectiva la mitigación de viviendas y la planificación participativa.
- Establecer medidas para evitar que las propiedades compradas creen un efecto ajedrezado en la comunidad que permanece. Esto incluye considerar el uso de incentivos para que las comunidades abandonen juntas un área de alto riesgo donde la mitigación no sea posible.
- Enmendar los requerimientos del Departamento de Vivienda Federal (HUD) para exigirle al gobierno local - incluyendo al Departamento de la Vivienda - parámetros claros y amplios de participación, antes y durante la creación de planes así como a través del proceso de recuperación.
- Reconocimiento de cuerpos asesores regionales, facilitados por personas independientes al gobierno, que promuevan la incidencia comunitaria y cívica en los procesos de recuperación.
- Establecer mecanismos de fiscalización de las compañías contratadas para llevar a cabo procesos relacionados a la recuperación. Esto incluye la adopción de guías, reglamentos y directrices para garantizar el trato digno y adecuado de las personas solicitantes.
- Crear y mantener actualizado un portal de transparencia que evidencia el avance de los programas de recuperación, incluyendo indicadores relacionados a género, raza, edad, composición familiar y otros datos anónimos de solicitantes.
- Eliminar el requisito de titularidad como elemento indispensable para proceder con la asistencia del programa R3.
- Aprobar y difundir guías para los procesos de recobro y las distintas etapas y requisitos a las que someterán a las personas solicitantes para que estas puedan tomar una decisión informada sobre la asistencia a ser provista.
- Enmendar el término de 180 días para resolver un gravamen hipotecario en casos que reciban una adjudicación de relocalización, de manera que se busquen otras alternativas más factibles y realistas a la situación económica de las personas solicitantes.
- Disponer del remedio completo según las circunstancias particulares de cada caso. Es decir, que las determinaciones del Departamento contengan la totalidad de las alternativas disponibles para la persona solicitante.
- Publicar información como el perfil demográfico de quienes solicitan, el número de solicitudes, las determinaciones de elegibilidad, entre otras, de manera actualizada y transparente.