Sexto informe por la Recuperación Justa

Respuesta local: Puerto Rico ante un escenario distinto

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      I. Introducción

      I. Introducción

      A  ocho años del huracán María, retomamos la labor de documentar la recuperación de Puerto Rico: sus avances, los reclamos de justicia en el uso de fondos de reconstrucción y los llamados contra el desplazamiento forzado, en defensa de la vivienda digna y la justicia climática. En muchos sentidos, pareciera que repetimos lo mismo en cada informe, taller, brigada comunitaria o comparecencia ante foros locales y federales. Hay una razón para ello.

      Aunque ya no se ven los toldos azules ni la devastación inmediata de aquel huracán, la realidad nos alcanza: la vegetación cubre los techos, las familias han reparado sus hogares como han podido, y muchas viviendas han sucumbido a la especulación, al abandono o a la migración forzada. La recuperación parece pospuesta indefinidamente, desplazada por desastres naturales y políticos que nos han sacudido una y otra vez. Cada vez que nos sentamos a redactar este informe nos preguntamos si todavía es necesario. La respuesta es clara: sí. Seguimos recopilando, documentando y analizando, insistiendo, abogando una y otra vez, porque la búsqueda de una recuperación justa continúa, a pesar del olvido y la negligencia.

      Este Sexto Informe Hacia una Recuperación Justa integra todas esas dimensiones, pero con un giro particular: las amenazas del gobierno federal bajo la administración de Donald Trump—desde el desmantelamiento del aparato de respuesta a desastres hasta políticas de represión y exclusión dirigidas a personas migrantes y comunidades racializadas, junto con los recortes a la asistencia pública—nos sitúan en un contexto local cada vez más complejo. En Puerto Rico, el gobierno insiste en una lealtad total a un gobierno federal conservador, carece de un plan real para atender emergencias sin apoyos federales, enfrenta una estructuración aún más depredadora de la Junta de Control Fiscal y avala políticas de austeridad, al mismo tiempo que abre la puerta a esfuerzos de militarización que utilizan la Isla como base estratégica. Este informe, por lo tanto, no solo documenta los desafíos de la recuperación; también denuncia cómo los mecanismos de poder y la negligencia política continúan obstaculizando la justicia social, la equidad y el derecho de las personas, familias y comunidades a permanecer en su País.

      Este informe también subraya la urgencia de una respuesta estrictamente local, a la que inevitablemente tendremos que lanzarnos ante la próxima emergencia. Esto implica atender de manera prioritaria el estado de la vivienda y sus controles, la gestión de los fondos públicos para prevenir, responder y mitigar desastres, la armonización de las políticas existentes con un clima cada vez más extremo, la precarización insostenible de servicios esenciales e infraestructura de respuesta, y la necesidad imperativa de priorizar a la gente frente a la deuda y a las políticas de exclusión y extracción que persisten en la colonia.

      A la luz de esto, vinculamos este informe con las expresiones de panelistas locales y de otras regiones durante el Séptimo Encuentro Hacia una Recuperación Justa. Te invitamos a leer sus aportaciones y a explorar más información en nuestras redes sociales y en nuestro portal digital. Agradecemos profundamente a esas voces que insisten con nosotras, recordándonos que la defensa de los derechos fundamentales—el derecho a la vivienda, a los techos y a la tierra—requiere presencia constante y acción reiterada, como si el futuro dependiera de ello.

      II. Allá

      Desmantelamiento, recortes y respuesta limitada

      Por la condición colonial de Puerto Rico y la estructura de asignación de fondos de recuperación aplicable, comenzamos por el contexto relacionado a Estados Unidos y los recursos de recuperación que han llegado aquí. Puerto Rico recibió una cantidad sin precedentes de fondos federales de recuperación en los pasados ocho años. Además de los fondos asignados por los huracanes Irma y María, están las asignaciones por los terremotos de 2019-2020, el huracán Fiona, la tormenta tropical Isaías y las inundaciones de febrero de 2022. Aunque estos fondos se tramitan a través de distintas agencias federales, las del Departamento de Vivienda Urbana y Desarrollo (HUD por sus siglas en inglés) y la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) son las más significativas. HUD asignó más de $20,000 millones en fondos CDBG-DR/MIT para todos los desastres antes mencionados. Unos $1,000 millones de los fondos CDBG-DR asignados para Irma y María fueron separados para parear otros fondos1

      . 

      Para agosto de 2025, el Departamento de la Vivienda había retirado menos del 25% de esos fondos de HUD. Incluso HUD ha catalogado a Puerto Rico como un gastador lento (slow spender) para cinco de los ocho acuerdos de subvención de fondos CDBG-DR suscritos con la agencia2. No utilizar los fondos asignados en el periodo establecido de seis años, sujeto a prórrogas, puede provocar que HUD retire los fondos. 

       

      En última instancia, el objetivo no es la reconstrucción:  el objetivo es la dependencia.

      -Manuel de J. González

       

      Por su parte, FEMA ha ido aprobando proyectos según el gobierno estatal los propone y a septiembre de 2025 había comprometido cerca de $41,000 millones en asistencia pública y de mitigación para todos los desastres pero solo $12,000 millones habían sido desembolsados3. Diversos sectores, desde alcaldes a organizaciones, incluyendo a numerosas comunidades, han criticado abiertamente la lentitud en el manejo y desembolso de fondos relacionados a FEMA. Así también lo hicieron varios señalamientos de la Contraloría General de los Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés), que desde el 2024 denuncia un patrón de lentitud en el uso de fondos de FEMA dirigidos a obras permanentes4. Los aumentos en costos de construcción, falta de planificación e incluso la burocracia interestatal aumentan esta dilación. El gobierno de Puerto Rico restó importancia a estos hallazgos e incluso adjudicó cualquier dilación a administraciones previas. Debe tenerse en cuenta que FEMA puede recuperar el dinero asignado si se incumple con los términos de la asignación, incluyendo fallas en el periodo de finalización de los proyectos.

      Municipal, estatal o federal: Roles en el manejo de emergencias

       

      La respuesta gubernamental a desastres, tanto a nivel federal como local, puede ser entendida como una secuencia de respuestas. La Ley Stafford identifica a los gobiernos estatales y locales como los primeros y principales responsables de la respuesta. El rol del gobierno federal es suplementar sus recursos y capacidades.

      En Puerto Rico, la Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico fija las funciones del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) en la planificación y coordinación de las respuesta a desastres. Los municipios son los encargados de responder de manera inicial a emergencias y desastres y coordinar con las agencias estatales la respuesta. Si el gobierno entiende que no puede atender la situación con sus recursos puede solicitar al Presidente de los Estados Unidos que haga una declaración de emergencia o desastre mayor, según corresponda. La declaración activa, entonces, la maquinaria federal de respuesta. FEMA usualmente interviene en la etapa inmediatamente después del evento. También provee apoyo en la recuperación a mediano plazo y asiste en mitigación de riesgos futuros. FEMA asume gran parte de los costos. En cuanto a la asistencia pública, aquella dirigida a atender necesidades colectivas como el daño a la infraestructura, la Ley Stafford dispone que FEMA asume, como mínimo, el 75% de los costos de la asistencia pública. Para la asistencia de mitigación, la Ley establece un tope del 75% de los costos, siendo responsabilidad del estado asumir el otro 25%.

      La recuperación a largo plazo puede incluir asistencia de diferentes actores federales, siendo HUD, que administra los fondos del Community Development Block Grant (CDBG), el más destacado. Los fondos CDBG van dirigidos a atender necesidades no satisfechas luego de la intervención de los gobiernos locales, estatales, FEMA y otras agencias federales. Estos dependen del dinero que el Congreso de los Estados Unidos asigna para los estados o territorios de manera específica. Los fondos se utilizan conforme a las prioridades identificadas por los estados en su Plan de Acción, siguiendo las normas de HUD. Una vez asignados, el gobierno estatal tiene seis años para usar los fondos CDBG-DR y doce años para utilizar los CDBG-MIT – términos que pueden ser extendidos.

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      Si bien es cierto que los fondos federales asignados a Puerto Rico no son recurrentes, hasta la fecha existía cierta certeza con el uso una vez asignado y la duración de los mismos. Sin embargo, desde los aspectos básicos de la elegibilidad de asistencia individual tras desastres hasta la existencia misma de FEMA están bajo la revisión y asedio del gobierno de Donald Trump. Esta administración federal conservadora mantiene el control del ejecutivo, del legislativo y del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, lo que facilita implementar y validar recortes drásticos en distintas agencias y estrategias de asistencia pública, al tiempo que canaliza esfuerzos masivos para excluir, reprimir y criminalizar a grupos históricamente marginados.

      Desde sus primeras acciones ejecutivas, Trump prometió desmantelar FEMA, así como establecer la responsabilidad primaria por la recuperación en manos de gobiernos locales. Adujo que se trataba de una agencia que desperdicia cantidades multimillonarias, que existe un exceso de burocracia y que es a los estados a quienes les toca la obligación y el gasto relacionados a desastres.

       

       

      FEMA funds local emergency management. So if FEMA goes away so does the state's capacity, unless the state is willing to pay billions of dollars a year for that capacity.

       - Maddison Sloan, Texas Appleseed

       

       

      Mediante orden ejecutiva, el Presidente estableció un consejo para analizar a la agencia con el fin de identificar su necesidad y si es un foco de uso indebido de fondos federales5. Mientras se aguarda este informe, que debe ser entregado a los 180 días de la primera reunión de ese comité, Trump empezó a tomar acciones afirmativas contra la respuesta federal a desastres. Esto ha incluído el despido de personal especializado, la amenaza de aumentar el mínimo de daños que requiere una jurisdicción para solicitar asistencia del gobierno federal y la intervención directa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) en toda acción de FEMA. Valga aclarar que si bien FEMA está dentro del DHS, la legislación aplicable provee que FEMA es una entidad independiente6.

       

      Sobre esto último, a inicios del 2025, FEMA anunció que iniciaría un nuevo proceso de revisión manual, que tomaría unos 30 días, para desembolsar fondos otorgados por la agencia7. Para abril, el gobierno de Puerto Rico todavía no había implantado medidas para atender el retraso en los pagos8. Afortunadamente, una orden judicial detuvo la aplicación de la nueva norma y FEMA anunció que la misma sería aplicable solo a desastres declarados después del 14 de abril de 20259. Esto significa que ante desastres posteriores a esa fecha, estaríamos ante procesos de revisión más lentos, tal como lo ha experimentado Texas con las inundaciones ocurridas en el verano del 2025. En mayo, FEMA anunció que su personal ya no visitará sobrevivientes puerta a puerta después de un desastre para ofrecer información y ayuda sobre la asistencia de FEMA10. En junio, la Secretaria del DHS, a la que está adscrito FEMA, anunció que ella personalmente debía aprobar todo contrato de más de $100,000. Eso causó que FEMA no renovará los contratos del personal de su centro de llamadas, dejando al centro sin personal suficiente por cinco días. Ese periodo bastó para que la agencia no alcanzara a atender decenas de miles de llamadas, incluyendo de las personas sobrevivientes de las inundaciones en Texas en busca de asistencia11.

      Las posturas negacionistas de la crisis climática esgrimidas por el presidente Trump tienen una consecuencia en la prevención y mitigación de desastres. El gobierno federal eliminó, tanto las medidas que pretenden reducir emisiones de gases de invernadero que causan el cambio climático como las medidas para poder vivir en una nueva realidad climática. En ese sentido, resaltamos que en marzo de 2025, FEMA anunció que eliminó la política conocida como Federal Flood Risk Management Standard Policy aprobada bajo Obama en el 2015. Esta política limitaba que los proyectos financiados con fondos federales se construyeran en zonas inundables,12 lo que debe resultar en más estructuras en riesgo de inundaciones. En abril, también eliminó el programa de subvenciones Building Resilient Infrastructure and Communities (BRIC). Establecido mediante el Disaster Recovery Reform Act de 2018, BRIC servía como una fuente consistente de fondos competitivos para que los estados y territorios financiaran proyectos de mitigación de riesgos. Sin embargo, este año FEMA anunció la cancelación de todas las solicitudes presentadas durante el periodo de evaluación 2020-2023. Dos proyectos de Puerto Rico, uno de la Oficina de Extensión Agrícola del Departamento de Agricultura y otro de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), estaban bajo consideración. Otras propuestas, que podrían haber significado sobre $250 millones para este año, ni siquiera pudieron ser presentadas. 13

       

      Los elementos relacionados a la investigación y prevención de desastres, relacionados al cambio climático, son de los más afectados. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) que, entre otras funciones, alberga al Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés), ha sufrido reducciones importantes de sus programas de investigación y monitoreo climático, Tras la implantación de las medidas de reducción, la NOAA perdió personal del programa cazahuracanes, del laboratorio de investigación de huracanes en Miami y el Centro de Modelaje Ambiental. El NWS perdió alrededor de 500 empleados y unas ocho oficinas de pronóstico del tiempo alrededor de Estados Unidos ya no pueden operar 24 horas al día por falta de empleados.14  Todos estos componentes proveen información vital para predecir y rastrear huracanes y otros eventos climáticos. La falta de fondos y personal para cumplir sus funciones significa que terminarán o disminuirán programas de investigación para mejorar los sistemas de modelaje y predicción de eventos severos. También podrían haber menos vuelos de los cazahuracanes, reduciendo la calidad de los datos para el pronóstico de la ruta e intensidad de los huracanes. Los recortes al NWS pueden impedir el funcionamiento adecuado y sin interrupciones de monitoreo y pronóstico del tiempo y en emisión de las posibles advertencias por situaciones climáticas extremas como inundaciones repentinas, lo que puede costar vidas. Peor aún, la respuesta al desastre ya se empieza a ver comprometida.

       

      A estos efectos, a propósito del aniversario 20 del paso devastador del huracán Katrina por Nueva Orleans, cerca de 180 personas empleadas en FEMA denunciaron el impacto nefasto de la administración Trump en la capacidad de responder a desastres a corto, mediano y largo plazo.15 Entre otras cosas, señalaron la salida de personal especializado en recuperación, así como cambios en procesos de aprobación, elegibilidad y la limitación en el apoyo a jurisdicciones.

       

      En términos de la recuperación a largo plazo, no debemos olvidar que las políticas trumpistas también han tenido un impacto en HUD, agencia desde la cual se tramitan los fondos CDBG-DR, CDBG-MIT y otros fondos de recuperación a mediano y largo plazo. En enero de 2025, la HUD de Trump emitió un “universal notice” o una guía universal de reglas para los fondos CDBG-DR, eliminando menciones a la Ley de Vivienda Justa, así como a los principios de diversidad, equidad e inclusión en el proceso de recuperación.16 Si bien es cierto que se logró que estas guías instauraran de forma permanente el Comité Asesor Ciudadano -cuerpo participativo por el cual Ayuda Legal Puerto Rico y otras organizaciones abogaron en Puerto Rico- y que se integraron nuevos modelos de análisis sobre el uso de los fondos, la falta de mención sobre la protección contra discrimen en la vivienda representa un claro menosprecio al propio objetivo de estos fondos: ofrecer asistencia para cubrir necesidades descubiertas, particularmente de poblaciones históricamente desaventajadas. 17

      Lo que le pasó a Texas

       

      La primera prueba a la nueva política de respuesta a desastres fue las inundaciones en Texas. Remanentes de la tormenta Barry provocaron inundaciones en el condado de Kerr, en el centro del estado. El resultado de este evento: 135 personas muertas, incluyendo a menores participando de un campamento de verano. Como suele suceder, son muchos los responsables y poco el rendimiento de cuentas. Lo que se sabe hasta ahora:

      • Múltiples estructuras, incluyendo algunas de las cabañas del campamento, estaban ubicadas en zonas inundables y el cauce mayor del río Guadalupe.
      • En 2024, el gobierno local, conociendo del riesgo de inundaciones, propuso instalar un sistema de alarmas para inundaciones repentinas. El gobierno incluyó en su plan de manejo que riesgos que FEMA tenía fondos disponibles para esta clase de proyectos, pero no los solicitó.
      • El NWS estaba monitoreando las lluvias desde días antes de las inundaciones. 
      • El 4 de julio del 2025, a la 1:00 am, el NWS emitió un aviso de inundaciones repentinas, que notificó por los medios usuales, incluyendo el sistema de emergencia de los celulares. A las 4 am, NWS notificó que la inundación sería de niveles catastróficos. A eso de las 5:15 am, el condado de Kerr emitió su primera notificación de las inundaciones. Lo hizo a través de una publicación en la red social Facebook.  A esa fecha, el puesto en el NWS para la persona encargada de ayudar a planificar, responder y coordinar con las autoridades locales la atención a desastres, estaba vacante. Muchas de las áreas rurales del condado no tienen un buen servicio de comunicación móvil. No había ningún otro sistema de alerta establecido. La gente no se pudo enterar de manera efectiva.
      • Desde Texas se reportó una dilación en la respuesta de FEMA, provocada por la aprobación requerida por Noem, Secretaria del DHS.  Esto incluyó un atraso en las búsquedas de sobrevivientes utilizando reconocimientos aéreos.

      Las organizaciones de respuesta legal tras desastres reportaron que menos oficiales de FEMA fueron desplegados y que las familias sobrevivientes experimentaron serias dificultades accediendo asistencia dado los despidos significativos en las áreas de servicio telefónico a personas afectadas.18

      RJ-Informe2025-fotos-outlines (1)

      III. Acá

      dependencia, deuda y capacidad limitada para atender el desastre

      Mientras tanto, el gobierno de Puerto Rico ha adoptado una estrategia de lealtad absoluta a las políticas de Trump. Esto incluye menospreciar el impacto que podrían tener políticas de exclusión de migrantes, aquellas sobre el desmantelamiento de FEMA o el recorte de asistencias en Puerto Rico. Insiste en la importancia de Puerto Rico para el gobierno federal, intentando desmentir a quienes denunciamos la falta de apoyo e interés de la administración federal en el bienestar de quienes vivimos aquí. A nuestra apreciación, incluso en momentos de urgencia, el gobierno local ha optado por no acudir a la Casa Blanca para pedir declaraciones de emergencia, a sabiendas de que existe una gran posibilidad de rechazo público por parte de Trump, lo que tendría un costo político considerable para el partido que rige a Puerto Rico. 

       

      Los oficiales del gobierno local, a través de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (AEMEAD), han articulado una narrativa centrada en la responsabilidad que deben asumir los gobiernos municipales y estatales para prevenir, atender y mitigar el impacto de los desastres sin recurrir de manera inmediata a la asistencia federal. Esta postura, en principio, parece alinearse con una visión de fortalecimiento institucional y autosuficiencia local, reconociendo que el gobierno de Puerto Rico -en especial a nivel municipal- debe asumir un rol más activo y propositivo frente a las necesidades de sus comunidades.

       

       

      La realidad es que en Estados Unidos la mayoría de los estados en promedio, el 20% de sus presupuestos provienen de fondos federales y eso ha ido en aumento según la crisis climática continúa. No somos los únicos que dependen de fondos federales, sobre todo en momento de respuesta a desastres. - Issel Masses, Sembrando Sentido

       

       

      No debe olvidarse que la ahora gobernadora basó su campaña electoral en su experiencia buscando fondos federales. Incluso aseguró que el electorado debía votar por ella porque era la única candidata que podría asegurarlos. Ella no era la única haciendo este llamado. Parte de la plataforma del Partido Nuevo Progresista (PNP) en torno a las relaciones con el gobierno federal directamente aludía al rol prioritario de los fondos federales en los procesos de recuperación. En ese momento, la posición del partido era aunar esfuerzos para que FEMA asumiera hasta el 100% del costo de los proyectos críticos y que la agencia flexibilizara el requisito de pareo para la asistencia pública.19 De hecho, una vez electa, la gobernadora no perdió tiempo en pedir fondos federales para atender desastres. El segundo día de su mandato, solicitó al todavía presidente Biden, que declarara un estado de emergencia para atender la situación energética tras el apagón general ocurrido en las vísperas del año nuevo.20 El cambio de postura advino tras la toma de posesión de Trump, cuando el desmantelamiento de la respuesta federal de emergencias ya era inminente. En aquel momento, cuestionada por la posible eliminación de FEMA, la gobernadora afirmó que Puerto Rico y los municipios eran los primeros llamados a responder y que estos lo que hacen es pedir reembolso de lo invertido en la respuesta. Justificó las acciones de Trump, aduciendo a que “los gobiernos estatales puedan meter mano y después hacer recobros”, de forma que el proceso fuera más económico y eficiente.21 Dudamos de la honestidad de este planteamiento.

       

       

      When they say that they don't want bureaucracy, what they mean is they don't want any oversight, they don't want anyone to tell them what to do. 

      -Noah Patton, NLIHC

      Coincidimos en que es necesario reducir la dependencia estructural de los fondos federales, sobre todo en el contexto de recuperación y manejo de desastres, donde los retrasos en la asistencia externa pueden profundizar las vulnerabilidades existentes. No obstante, resulta necesario cuestionar si esta narrativa responde genuinamente a una lógica de apoderamiento local o si más bien se enmarca en una estrategia política basada en el temor - o la certeza- de una posible negativa por parte de la Casa Blanca.

       

       

       

      Hay una responsabilidad que tiene el gobierno de Estados Unidos… hay que deconstruir la idea de las ayudas, de las dádivas, del regalo, de orarle todas las noches al pasaporte porque gracias a eso recibimos los fondos. 

      -Juan Dalmau

       

      La decisión política de no solicitar asistencia en el contexto de precariedad económica y estructural local es crítica. A casi una década del paso del huracán María, las circunstancias económicas de Puerto Rico representan mayores retos. La mitad del presupuesto general del gobierno depende de fondos federales, asignados por los Estados Unidos. Aunque estos fondos distan mucho de ser pares a las asignaciones que reciben otras jurisdicciones de Estados Unidos, no representan un equivalente a lo que extrae el gobierno y el mercado estadounidense de Puerto Rico y dista de ser una reparación por las condiciones coloniales de la Isla, sí representan la provisión de servicios básicos para la ciudadanía. Programas esenciales como los de vivienda pública y subsidiada, los servicios de salud y los programas Medicaid y Medicare, así como servicios de educación, transportación y seguridad dependen directamente de fondos federales.22 Sin un plan estratégico que atienda el fin de estos programas, sumado a profundos problemas de administración y fiscalización, así como a la carencia de una propuesta plausible de desarrollo económico real, hay sospechas de peso en torno a la posibilidad de recuperarnos de desastres pasados y futuros.

       

      Sin la participación del gobierno federal, los planes del gobierno central depositan la responsabilidad en municipios que no necesariamente tendrían la capacidad de actuar.  Los gobiernos municipales siguen arrastrando dificultades económicas para realizar sus funciones. La crisis económica del gobierno y las medidas de austeridad siguen afectando las finanzas municipales al punto de amenazar su existencia misma23

      . Más aún, la experiencia con los fondos de FEMA ya asignados reflejan que los municipios no tienen dinero para sufragar los proyectos y pedir los reembolsos que enfatiza la gobernadora. Para atender esta situación, en 2020, el Departamento de Hacienda creó un fondo especial de $750 millones de dólares para que los municipios pudieran tomar prestado y utilizarlo para cubrir los gastos relacionados a las obras de infraestructura que contaban con fondos de FEMA.24

       

      Pocos municipios se beneficiaron de este fondo - solo se desembolsaron nueve millones de dólares - porque los municipios encontraron el proceso complejo.25 El fondo especial estuvo disponible hasta 2025, pero este año se introdujo un proyecto de legislación para modificarlo y extender su vigencia que no fue aprobado. Los municipios no han demostrado que tengan la capacidad de manejar desastres o incluso los fondos federales y estatales disponibles para apoyarlos en la respuesta. En todos los casos, la responsabilidad primaria e indelegable es del gobierno central.

       

      Asistencia gubernamental

       

      Cuando se habla de asistencia gubernamental en la forma de fondos federales, surge la idea errada de que se trata de ayuda, beneficios o privilegios. Atender la recuperación tras desastres, o cualquier otro programa de asistencia pública como una dádiva, es una amenaza clara a los sistemas de rendición de cuentas que deben fiscalizar cómo el gobierno atiende las necesidades apremiantes de comunidades y grupos afectados o empobrecidos. Si se permite establecer que la asistencia es un regalo, también lo será asumir que hay personas que no la merecen. Esta lógica justifica discrimen racial, de género y condición social, entre otros, cuando se trata de la respuesta del estado a problemáticas sociales. Además, no hace justicia a los datos. Las personas en Puerto Rico pagan cerca de 5,000 millones de dólares en impuestos federales al Medicare, seguro social, desempleo, impuestos sobre mercancía, aunque reciben sustancialmente menos seguridad sobre el pago del Medicaid y Medicare, menos dinero para asistencia nutricional y son excluidas de programas como el seguro social por incapacidad.26

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      El gobierno, si no es protagonista de la situación, cierra los ojos ante el problema. 

      - Gabriel Ramos

       

      Lamentablemente, la capacidad del gobierno central tampoco parece ser suficiente. El NMEAD no está en un nivel adecuado para atender emergencias. A inicios de este año, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Arthur Garffer, admitió que el NMEAD necesitaba 113 empleados adicionales para tener una fuerza laboral óptima.27

      Mientras que saludamos las iniciativas que integran a organizaciones sin fines de lucro en el proceso de recuperación, advertimos contra la tendencia a establecer lazos de colaboración con entidades con el fin de descargar en ellas la responsabilidad indelegable de responder ante un desastre o hacerlo sin protecciones contra el discrimen o el abuso en la distribución de suministros o asistencia. También resaltamos el menosprecio a desastres que impactan de forma directa el centro o sur de la Isla, avanzando así más inequidad en la reconstrucción.

       

      We are left in this defensive and reactive and recovering posture, versus proactively all having access to the things and the structures that we need in order to not only survive but thrive after disasters. Systems are compounding inequities, and then expecting people to have enough resilience and ingenuity to figure out how to recover.

      -Cashauna Hill, The Redress Movement

      La recuperación a mediano y largo plazo podría resultar incluso más compleja que la respuesta inmediata que maneja el NMEAD. Desde Ayuda Legal Puerto Rico, durante los pasados ocho años, hemos cuestionado la capacidad del gobierno estatal de manejar los fondos asignados de manera eficiente, efectiva y transparente. No somos las únicas. Manuel Laboy, pasado director de COR3, reconoció que “hay situaciones como las de un desastre mayor que siempre se tendrán que trabajar con el apoyo federal porque Puerto Rico no tendría los fondos suficientes o el conocimiento para atenderlos”.28  Le lentitud en el manejo de fondos FEMA, del que depende al menos el 90% de la asistencia pública tras desastres, así como las numerosas deficiencias en el proceso relacionado a CDBG-DR y CDBG-MIT, arrojan luz sobre un panorama que parecería condenado a repetirse.

      A la misma vez, surge una nueva centralidad alrededor del tema de la deuda pública y el recorte de servicios esenciales. En abril del 2025, la Junta de Control Fiscal le envió una carta al gobierno de Puerto Rico requiriéndole el diseño e implementación de un plan estratégico “to unwind reliance” o “mitigar la dependencia” en fondos federales.29

      Entre otras cosas, la Junta señaló que el presupuesto certificado representaba una dependencia de un 46.1% en fondos federales, que se trataba de dineros no recurrentes y que la falta de un plan de contingencia impedía reemplazar o mitigar la ausencia de dichos fondos y, por ende, garantizar la continuidad de servicios. El gobierno salió al paso y señaló haber llegado a un acuerdo con la Junta para la presentación de un presupuesto conjunto que, entre otras cosas, permitía una reserva presupuestaria para atender los recortes, que se sumaría a una reserva para emergencias que asciende a $1.2 mil millones. 30

                                   

      Policies are not accidental. They are part of a very long history to specifically discriminate against black and brown people, to eradicate indigenous people, and deepen colonial control in Puerto Rico. And these policies have become tools for erasure. These are not glitches. This is not just a happenstance. This is by design…

       These policies are designed to determine who deserves to survive.

      -Chriselle Palay

       

       

      En agosto de este año, se inició una reestructuración de la Junta. Trump removió a la gran mayoría de sus miembros, amenazando con que éstos sean sustituídos por adeptos de las políticas de austeridad y a los intereses de acreedores. Hoy es más cierto que nunca afirmar, que la Junta jamás ha tenido ni tendrá consideraciones sobre el bienestar de quienes viven en Puerto Rico, la continuidad de los servicios esenciales y las necesidades de actuar para garantizar condiciones que afectan la recuperación demográfica de la Isla. Puestos en suspenso los acuerdos existentes con los bonistas, que ya exprimían a la gente, queda por ver qué ocurrirá con los procesos que inciden en áreas de vivienda, seguridad, salud, seguridad y energía eléctrica, entre tantas otras.

      IV. El después de María somos quienes vivimos aquí

       

      Quizás por nuestra condición de colonia que llevamos décadas, llevamos siglos al filo del machete… hemos logrado preparar nuestras propias hserramientas, y empezar a encaminar nuestras propias soluciones inclusive antes de los desastre. 

      - Katia Avilés Vázquez, Instituto para Investigación y Acción en Agroecología (IALA)

       

       

       

      There has to be a paradigm shift in understanding that it is the job of the government to take care of its people. There are people that want us to accept that governments are weak or are doing something wrong if they care for their people and we will never accept that.

      - Cashauna Hill, The Redress Movement

      Aguardamos por una respuesta coherente y plausible que detalle un plan de manejo de desastres en ausencia o limitación de fondos federales. Esto no ha ocurrido y no vislumbramos que ocurrirá en lo que resta de la temporada de huracanes o en el 2025. Sospechamos que se requerirá la inminencia de cualquier recorte para que el gobierno de Puerto Rico eche a andar. Esto es inaceptable. No nos queda tiempo.

      Durante los pasados ocho años, desde Ayuda Legal Puerto Rico hemos abogado por acciones clave para una recuperación justa. Alcanzamos victorias importantes: abrir y compartir información técnica sobre fondos de recuperación con un ecosistema amplio de organizaciones; lograr que se reconociera el derecho de personas sin título de propiedad a solicitar y recibir asistencia de FEMA y, luego, de los fondos CDBG-DR; impulsar la creación de un espacio permanente de participación ciudadana —hoy reducido a una versión más frágil, el Comité Asesor Ciudadano—, eliminar la prohibición absoluta de reparar o reconstruir viviendas en zonas inundables para garantizar el derecho al retorno y la mitigación; y clarificar procesos sobre lo que ocurre con la familia de una solicitante cuando esta muere en espera de su hogar, así como sobre las acciones de recobro, que tantas veces resultan arbitrarias y revictimizantes.

      De las ganancias que podemos tener en este proceso es que pudieron destapar y ponerle nombre a cosas que ya algunos sabíamos… La desigualdad en la que estamos parados en cuanto a asuntos básicos de supervivencia. Se ha tomado conciencia de la situación tan terrible de vulnerabilidad que tenemos en nuestros campos, cuán frágil está la ruralía, y la población de mayor edad. Hay más conciencia sobre la dependencia en la energía eléctrica para la sobrevivencia. Eso trae otras ganancias: el fortalecimiento en la confianza en la organización comunitaria, la importancia de la diáspora y también hubo ganancia en términos de la conciencia racial.

      Yanira Reyes

       

      Durante todo este tiempo, llevamos estos y otros reclamos a diversos foros, gubernamentales y no gubernamentales, dentro y fuera de Puerto Rico, a través de nuevos desastres naturales y políticos. Las victorias en casos individuales y reclamos particulares nos convencieron de que la recuperación justa es posible y alcanzable. Es por esto mismo que reconocemos que ningún contexto anterior, por más complejo que pareciese, se asemeja a las dificultades de nuestro presente. Las políticas de Trump son una amenaza a la subsistencia de distintos grupos y, entre ellos, de las personas que se parecen, hablan y actúan como quienes vivimos en Puerto Rico. El desmantelamiento de agencias y el recorte de fondos no es más que la punta de lanza de un plan que viene a agravar la colonia y las condiciones de marginación y exclusión de quienes vivimos en ella. 

      Insistir en los reclamos del huracán María no basta. La recuperación de desastres debe entenderse como parte de un proceso más amplio: conceptualizar, implantar y exigir que el gobierno de Puerto Rico actúe a la altura de los tiempos, como ya han hecho otras jurisdicciones en Estados Unidos. Mientras el gobierno local se entretiene repitiendo la guerra de Trump contra el Caribe, son las comunidades y organizaciones, quienes vivimos aquí, las que asumimos la primera línea de defensa. A ellas no se les debe solo reconocimiento, sino también el compromiso con su permanencia, seguridad y bienestar. Por eso hoy ampliamos nuestros reclamos históricos sobre desastres para incluir otros urgentes, indispensables para sobrevivir en medio de crisis multiplicadas. Ese es también el camino hacia una recuperación justa.

      Los tabonucos tienen un sistema en que los árboles, las raices, debajo de la tierra, se tocan y empiezan a conectar. Entre ellos se distribuyen nutrientes a los que están enfermos, a los que están más débiles. Y ese árbol que parecía para todos los efectos muerto estaba en efecto siendo restaurado por sus hermanos que también estaban golpeados pero que podían aguantar. Veo en estas caras que hay aquí, de luchas y de muchos esfuerzos, estos tabonucos.

      - Katia Avilés Vázquez, Instituto para la Investigación y Acción en Agroecología

      Recommendaciones puntuales

      • 1

        Aumento del fondo de emergencia con énfasis en respuesta a desastres que vislumbren la aportación municipal pero también el comanejo - gobierno central y municipal- en algunas de sus partidas.

      • 2

        Exigir una nueva mirada al proceso de reestructuración y repago de deuda pública en atención al desmantelamiento de programas de asistencia pública y otras subvenciones federales que actualmente suplen casi la mitad del presupuesto general.

      • 3

        Promover una política comprensiva contra desplazamientos forzosos ante desastres, que incluya el derecho a permanecer y a regresar a comunidades y tierras azotadas por desastres.

      • 4

        Establecer moratoria automática a procedimientos de desalojos durante, al menos, los próximos 90 días después de declararse un estado de emergencia por desastre.

      • 5

        Adoptar política pública clara en relación a las inundaciones y a la necesidad de un seguro. Las inundaciones son el desastre más costoso y en Puerto Rico más de 220,000 personas se encuentran en zonas de amenaza seria o mediana de inundaciones. La gran mayoría de familias en la Isla no tienen un seguro de inundaciones. Esto no solo coloca en vulnerabilidad la propiedad y bienes que ya tiene una familia, sino su posibilidad de obtener asistencia de desastres a través de programas como los de FEMA.

      • 6

        Abogar por la asignación permanente de fondos a los programas CDBG-DR y derivados, de forma tal que exista claridad en la respuesta de fondos federales para la recuperación a mediano y largo plazo.

      • 7

        Creación y divulgación de un plan local, oportuno, comprensivo y multisectorial, para el manejo de desastres para la temporada de huracanes 2026. Esto debe incluir un inventario real de refugios, albergues, suministros y organizaciones que suplen asistencia en tiempos de emergencia. La respuesta debe estar centrada en la capacidad del gobierno local y no depender de forma desproporcionada de organizaciones sin fines de lucro o el sector privado.

      • 8

        Incorporar la adaptación y mitigación a los impactos del cambio climático en los procesos de planificación, prevención y respuesta a desastres.

      • 9

        Aumentar los esfuerzos de capacitación en el personal estatal y municipal para la atención de emergencias y desastres.

      • 10

        Facilitar espacios continuos para la participación ciudadana en relación a planes de emergencia a distintos niveles, incluyendo la participación en los procesos de diseño, uso y evaluación del manejo de fondos de prevención, recuperación y mitigación.

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      Citas

      1. Departamento de la Vivienda, Programa de Pareo de Partidas No Federales,  https://recuperacion.pr.gov/portal-de-transparencia/reportes-de-transparencia/cdbg-dr/reportes-de-infraestructura/nfmp-dashboard/ 
      2. HUD, CDBG-DR Grant Expenditure Report, August 1, 2025, https://www.hud.gov/sites/dfiles/CPD/documents/CDBG-DR/CDBG-DR_Grant_Expenditure_Report-8-1-2025.pdf
      3. Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), Portal de Transparencia, Finanzas, https://recovery.pr.gov/es/financial-analysis/aid-flow# (última visita 18 de septiembre de 2025)
      4. GAO, Report to Congressional Requesters: PUERTO RICO DISASTERS> Progress Made, but the Recovery Continues to Face Challenges (Feb. 2024), https://www.gao.gov/assets/gao-24-105557.pdf
      5. Notice of the Establishment of the Federal Emergency Management Agency Review Council, 90 FR 10082 (Feb. 21, 2025).
      6. 6 USC §316
      7. FEMA, FEMA Grant News,28 de febrero de 2025, disponible en: https://research.iu.edu/doc/federal-agencies/fema-message-to-grant-recipients-on-manual-review-process.pdf
      8. Oscar J. Serrano, Restricción “nueva” de FEMA lleva más de un mes y COR3 guarda silencio sobre alternativas, noticel.com, 1 de abril de 2025, https://www.noticel.com/economia/gobierno/ahora/top-stories/20250401/restriccion-nueva-de-fema-lleva-mas-de-un-mes-y-cor3-guarda-silencio-sobre-alternativas/
      9. State of New York, et al v. Trump, et al,, Case No. 25-cv-39-JJM_PAS (D.R.I); vease también FEMA Stops Manual Review Process for Certain Grants Effective Immediately https://cfsi.org/wp-content/uploads/2025/04/FEMA-Stops-Manual-Review-Process-for-Certain-Grants-Effective-Immediately.pdf
      10. FEMA Is Ending Door-to-Door Canvassing in Disaster Areas, wired.com, 5 de mayo de 2025, https://www.wired.com/story/fema-ending-door-to-door-canvassing-disaster-areas/
      11. Maxine Joselow, FEMA Didn’t Answer Thousands of Calls From Flood Survivors, Documents Show, nytimes.com, 11 de julio de 2025,https://www.nytimes.com/2025/07/11/climate/fema-missed-calls-texas-floods.html
      12. FEMA, Press release:  FEMA Eases Floodplain Requirements for Federally Funded Projects, Reducing Burden on American Communities, Release No.  HQ-25-36, March 25, 2025 https://www.fema.gov/press-release/20250325/fema-eases-floodplain-requirements-federally-funded-projects-reducing-burden
      13. Vanessa Colón Almenas, Puerto Rico pierde fondos de FEMA que promovían la adaptación climática, periodismoinvestigativo.com, 8 de abril de 2025, https://periodismoinvestigativo.com/2025/04/puerto-rico-pierde-fondos-de-fema-que-promovian-la-adaptacion-climatica/
      14. Julia Simon y otros, Layoffs and potential closures of key facilities raise worries about NOAA's future, npr.com, 6 de marzo de 2025, https://www.npr.org/2025/03/06/nx-s1-5316917/noaa-trump-impact-layoffs; Jess Masters, NOAA Hurricane Hunter layoffs threaten to degrade hurricane forecasts, yaleclimateconnections.com, 6 de marzo de 2025, https://yaleclimateconnections.org/2025/03/noaa-hurricane-hunter-layoffs-threaten-to-degrade-hurricane-forecasts/#:~:text=Layoffs%20last%20week%20at%20NOAA%27s,mission%20from%20a%20meteorological%20perspective; Evan Bush, NOAA is scrambling to fill forecasting jobs after cuts to the National Weather Service, nbcnews.com, 16 de mayo de 2025, https://www.nbcnews.com/science/environment/noaa-scrambling-fill-forecasting-jobs-cuts-national-weather-service-rcna207050
      15. Katrina Declaration and Petition to Congress, https://www.standupforscience.net/fema-katrina-declaration
      16. 90 FR 1754 (Enero 8, 2025), disponible en. https://www.hud.gov/sites/dfiles/CPD/documents/CDBG-DR/Universal-Notice-CDBG-DR-Signed-English.pdf
      17. Ivis García,  Low-income homeowners hit by disasters may get less help from the government, as Trump administration nixes rules on fairness, community input and resilience, theconversation.com, 20 junio 2025,  https://theconversation.com/low-income-homeowners-hit-by-disasters-may-get-less-help-from-the-government-as-trump-administration-nixes-rules-on-fairness-community-input-and-resilience-257439
      18.  K.K. Rebecca Lai, Judson Jones y Erin McCann, See When Federal and Local Officials Issued Warnings About the Texas Floods, nytimes.com, 8 de julio de 2025, https://www.nytimes.com/interactive/2025/07/08/weather/texas-floods-timeline-weather-alerts.html?searchResultPosition=4; Christopher Flavelle,  J. David Goodman y Andrea Fuller, Before Tragedy, Texas Repeatedly Rejected Pleas for Flood Alarm Funding, nytimes.com, 10 de julio de 2025, https://www.nytimes.com/2025/07/10/us/politics/texas-flood-alarm-system.htmlñ Shana Udvardy, Union of Concerned Scientists, he Terrible Texas Flood Tragedy Made Worse by Trump Administration’s Dysfunctional FEMA Response, The Equation, 17 jul 2025, https://blog.ucs.org/shana-udvardy/the-terrible-texas-flood-tragedy-made-worse-by-trump-administrations-dysfunctional-fema-response/
      19. Partido Nuevo Progresista, Acción PR - Agenda Federal,  https://pnppr.com/agenda-federal/ (última visita 17 de julio de 2025).
      20. Agencia EFE, Gobernadora pide a Biden declarar estado de emergencia energética en la isla, primerahora.com, 3 de enero de 2025, https://www.primerahora.com/noticias/gobierno-politica/notas/gobernadora-pide-a-biden-declarar-estado-de-emergencia-energetica-en-la-isla/  
      21. Istra Pacheco y Andrea Cruz, Analizan el impacto de los cambios estructurales de FEMA, elvocero.com, 20 de marzo de 2025, https://www.elvocero.com/gobierno/analizan-el-impacto-de-los-cambios-estructurales-de-fema/article_fb77c1ab-7481-4950-9332-547f58e27099.html  
      22.  Manuel Guillama Capella, Junta Fiscal concluye que Puerto Rico es tres veces más dependiente de los fondos federales que los estados, elnuevodia.com, 1 de junio de 2025, https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/notas/junta-fiscal-concluye-que-puerto-rico-es-tres-veces-mas-dependiente-de-los-fondos-federales-que-los-estados/

      23.  Véase e.g. Crisis en los municipios: la austeridad podría provocar la desaparición de 43 alcaldías, sincomillas.com, 21 de agosto de 2022, https://sincomillas.com/crisis-en-los-municipios-la-austeridad-podria-provocar-la-desaparicion-de-43-alcaldias/; CyberNews, Alcaldes federados señalan recorte de $151.8 millones para los municipios, elvocero.com, 19 de mayo de 2025, https://www.elvocero.com/gobierno/alcaldes-federados-se-alan-recorte-de-151-8-millones-para-los-municipios/article_feadc958-9727-4360-9f3d-67c347c42203.html

      24.  Resolución Conjunta del Fondo Rotatorio para Adelantos de Recuperación y Gastos Administrativos Elegibles para Reembolso Federal bajo Programas de FEMA, Resolución Conjunta Núm. 85 de 18 de noviembre de 2020.

      25. Vanessa Colón Almenas, Municipios se quedan sin fondo de $750 millones para proyectos de reconstrucción, periodismoinvestigativo.com, 10 de julio de 2025, https://periodismoinvestigativo.com/2025/07/municipios-sin-fondo-millonario-recuperacion/

      26. (Espacios Abiertos, Facts – Does Puerto Rico really not pay federal taxes? A common misconception,

        2022, https://espaciosabiertos.org/facts-does-puerto-rico-really-not-pay-federal-taxes-a-common-misconception/)

      27. Gloria Ruiz Kuilan, NMEAD enfrenta crisis de personal y recursos para responder a emergencias en plena temporada de huracanes, elnuevodia.com, 30 de junio de 2025, https://www.elnuevodia.com/noticias/gobierno/notas/el-nmead-requiere-de-apoyo-y-dinamismo-para-ejecutar-a-cabalidad/  

      28. Istra Pacheco y Andrea Cruz, Analizan el impacto de los cambios estructurales de FEMA, elvocero.com, 20 de marzo de 2025, https://www.elvocero.com/gobierno/analizan-el-impacto-de-los-cambios-estructurales-de-fema/article_fb77c1ab-7481-4950-9332-547f58e27099.html  

      29. Carta de Arthur J. González, Chair, FOMB, a Orlando Rivera Berríos, Director Ejecutivo, OGPE, 28 de abril del 2025, Strategic Plan to Unwind Reliance on Federal Funds. https://drive.google.com/file/d/1Lw87BNz4ZCRGD6BK5xfJe_YuLIT-FlnH/view

      30. Manuel Guillama Capella,  Gobierno crearía reserva presupuestaria para mitigar impacto de recortes masivos impulsados por Donald Trump, elnuevodia.com, 20 de marzo de 2025, https://www.elnuevodia.com/noticias/legislatura/notas/gobierno-crearia-reserva-presupuestaria-para-mitigar-impacto-de-recortes-masivos-impulsados-por-donald-trump/?cache=evyby