¿Qué dicen las estadísticas sobre a quiénes afecta la crisis de hipotecas?

Luisa (nombre ficticio) teme que los ajustes que ha hecho en su presupuesto no sean suficientes para salvar su casa. Ha reducido considerablemente la cantidad de comida que compra y consume, ha suspendido algunos medicamentos, e incluso ha dejado de abonar a la deuda del servicio de agua, aún ante el riesgo de que se lo suspendan. El banco sólo le ofrece rebajar el pago mensual de la hipoteca por tan sólo $74. Luisa sabe muy bien que, aún con esa rebaja, no tendrá el pago completo para el próximo mes. Luisa sabe que, al acumularse su atraso, el banco podría pedir al tribunal que venda su hogar. Luisa sabe que ese proceso tendrá que enfrentarlo sola.

 

Como Luisa, son miles las personas que cada año enfrentan el riesgo de perder sus viviendas ante una ejecución de hipoteca. La crisis económica, las medidas de austeridad implementadas por el gobierno, así como los desastres que han impactado nuestro país, han convertido aún más vulnerable el derecho a la vivienda de muchas familias. Pero las consecuencias de la desigualdad y la pobreza en un amplio sector de las mujeres de nuestro país las colocan en un riesgo desproporcionadamente mayor respecto a su derecho a la vivienda.

 

Reconociendo que ni las crisis ni los desastres afectan a todas las personas por igual, Ayuda Legal Puerto Rico, a través de su programa de Derecho a tu Casa, realizó un estudio de las demandas de ejecuciones de hipotecas presentadas entre el 28 de diciembre de 2019 (comienzo de los terremotos en el área suroeste) hasta el 13 de marzo de 2020 (previo a la declaración del estado de emergencia por el COVID-19). En este periodo, se monitorearon 758 presentaciones de ejecuciones de hipotecas y los hallazgos del estudio confirmaron que la amenaza al derecho a una vivienda digna no se detiene durante los desastres, en particular cuando la parte demandada es una mujer.

 

El análisis demostró que un 80% de las ejecuciones de hipotecas identificadas incluía una mujer como parte demandada. Aún más impactante es que en un 27.4% de estos casos, la parte demandada consistía únicamente de mujeres. En un país donde el nivel de pobreza en hogares con mujeres jefas de familias asciende a 57.6%, resulta atropellante que aproximadamente 1 de cada 4 demandas hipotecarias se presente exclusivamente contra mujeres.  La falta de garantías a representación legal accesible y efectiva demuestra lo atropellado de estos procesos. Otras manifestaciones de la desigualdad de género, como lo es la brecha salarial, la doble jornada y la violencia de género que arropa al país, estremecen aún más las oportunidades de miles de mujeres de defender apropiadamente su derecho a una vivienda digna. 

 

Es urgente tomar acciones efectivas para atender de forma adecuada y oportuna la crisis de vivienda que afecta de forma evidentemente desproporcionada a las mujeres en nuestro país. Es responsabilidad de las entidades hipotecarias el adoptar aquellas buenas prácticas - respondiendo a su compromiso social - que resulten en procesos verdaderamente justos para tantos hogares en riesgo. La Rama Judicial, como parte de su deber a garantizar el acceso a la justicia, debe implementar herramientas que permitan monitorear el efecto de procesos judiciales en poblaciones históricamente vulnerables. Por otro lado, es vital que el gobierno ejerza su rol fiscalizador y establezca como política pública la defensa del derecho a una vivienda digna para miles de familias que viven ante el riesgo inminente de ver ejecutados sus hogares.

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