Hacia una recuperación justa: Estamos en progreso

El 1 de julio, Ayuda Legal Puerto Rico presentó una querella ante la Oficina de Inspector General del Departamento de HUD advirtiéndole que el Plan de Acción y las guías de implementación para el Programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación (R3) que publicó el Departamento de la Vivienda local no contemplan medidas de mitigación y adaptación a riesgos para evitar desplazamientos. Además, se precisó que las guías de implementación no tienen parámetros claros de elegibilidad para personas sin título formal sobre sus viviendas y que solamente se publicaron en inglés, lo es una violación de derechos civiles.

 

El 19 de julio, presentamos otra querella ante la Oficina de Fair Housing and Equal Opportunity reiterando las prácticas discriminatorias del Programa R3. Alegamos que la falta de políticas de minimización de desplazamiento, el que no se considere la mitigación y que no existan procesos uniformes para que soliciten las personas dueñas que no tienen títulos formales son prácticas que discriminan a comunidades pobres que buscan reparar sus hogares.

 

Gracias a este esfuerzo, y los de entidades y comunidades aliadas, adelantamos pasos importantes. Aún falta mucho, pero es importante validar cada progreso hacia la recuperación justa.

Victorias:

  • El 5 de julio se publicó en la página de CDBG-DR en la sección de los Programas de Vivienda la traducción en español de las guías de R3.
  • El 30 de julio se enmendaron las guías R3 para aclarar los criterios de elegibilidad, específicamente lo que conlleva una “mejora sustancial”.
  • El 31 de julio Vivienda publicó las guías para el programa de Autorización de Título.
  • El 1 de agosto el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico publicó en la página de CDBG-DR en su sección de Programas de Vivienda las guías de URA.

¿Qué falta?

  • Un documento uniforme, como una declaración bajo pena de perjurio, en lugar de una declaración jurada notarizada, que proporcione a los solicitantes un formulario estándar que sirva para evitar juicios arbitrarios.
  • Una política clara sobre minimización de desplazamientos que incluya la mitigación antes de cualquier desalojo.

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