Reclamos Recuperación Justa ante el nuevo año 2022

Antes de la emergencia

1. 1. Desarrollar, publicar e implementar planes de emergencia adecuados, participativos y efectivos.
   2. Establecer centros gubernamentales para el manejo de la emergencia, a nivel estatal y regional. 
   3. Establecer programas de planificación comunitaria - con fondos estatales o federales- para prevenir y mitigar riesgos, de forma individual y colectiva.

1. 1. Hacer disponibles refugios dignos, seguros y accesibles a las personas y familias afectadas. Deberá velarse por el establecimiento de protocolos para proteger a la niñez, evitar la violencia sexual y garantizar los derechos de poblaciones con diversidad funcional.

   2. Hacer disponibles refugios no congregados en atención a necesidades que deriven de la emergencia de salud pública de la pandemia del COVID-19 y otras circunstancias similares. 
   3. Hacer disponibles viviendas transitorias dignas, seguras y accesibles dentro del archipiélago de Puerto Rico. Ninguna persona debe verse ante la única opción de abandonar su país como consecuencia de un desastre.

1. 1. Garantizar que ninguna persona será discriminada por razón de clase, género, orientación sexual, identidad de género, estatus migratorio, edad, raza o diversidad funcional.

   2. Solicitar de forma inmediata - a las entidades municipales, locales y federales- toda la asistencia a la que tienen derecho las personas afectadas por los desastres, incluyendo asistencia individual y pública.
   3. Hacer disponibles solicitudes de asistencias accesibles y uniformes,  incluyendo alternativas en papel a utilizarse cuando no haya otros mecanismos disponibles.
   4. Establecer centros regionales, disponibles más allá de horarios laborables y en fines de semana, para que las personas afectadas presenten sus solicitudes.
   5. Prohibir que oficiales armados se coloquen en las entradas de estos centros, acción que impide el ejercicio legítimo de buscar asistencia para desastres por parte del gobierno.
   6. Evaluar las solicitudes de asistencia de forma justa, rápida y equitativa.
   7. Ofrecer determinaciones oportunas claras, por escrito y en español.
   8. Realizar inspecciones adecuadas para evaluar daños, por personas preparadas, debidamente identificadas y que hablen español.
   9. Garantizar que las personas dueñas reciban asistencia para reparar sus hogares tengan o no títulos formales. Esto se logra adoptando la declaración uniforme preparada por Ayuda Legal Puerto Rico y avalada por organizaciones locales y agencias federales para el manejo de desastres.
   10. Velar por el rápido desembolso de la asistencia individual aprobada.
   11. Priorizar la reparación y reconstrucción de viviendas.

1. 1. Promover la mitigación como una alternativa ante los desplazamientos
   2. Adoptar una política de minimización de desplazamientos y un plan de relocalización con perspectiva de derechos humanos. Esto incluye publicar un inventario de propiedades disponibles para la relocalización.
   3. Garantizar el derecho al retorno de quienes tuvieron que irse de su comunidad, municipio e, incluso, de Puerto Rico.
   4. Adoptar una perspectiva transversal de justicia climática que promueva el reconocimiento de la crisis climática y la necesidad de estrategias que protejan el ambiente, la vida y el derecho a la vivienda.
   5. Operacionalizar de manera efectiva la mitigación de riesgos que afectan las viviendas y la planificación participativa.
   6. Establecer medidas para evitar que las propiedades compradas por el gobierno como esfuerzo de mitigación creen un efecto ajedrezado en la comunidad que permanece. Esto incluye considerar el uso de incentivos para que las comunidades abandonen juntas un área de alto riesgo donde la mitigación no sea posible

1. Enmendar los requerimientos del Departamento de Vivienda Federal (HUD) para exigirle al gobierno local - incluyendo al Departamento de la Vivienda - parámetros claros y amplios de participación, antes y durante la creación de planes así como a través del proceso de recuperación.
2. Reconocimiento de cuerpos asesores regionales, facilitados por personas independientes al gobierno, que promuevan la incidencia comunitaria y cívica en los procesos de recuperación.
3. Establecer mecanismos de fiscalización de las compañías contratadas para llevar a cabo procesos relacionados a la recuperación. Esto incluye la adopción de guías, reglamentos y directrices para garantizar el trato digno y adecuado de las personas solicitantes.
4. Crear y mantener actualizado un portal de transparencia que evidencia el avance de los programas de recuperación, incluyendo indicadores relacionados a género, raza, edad, composición familiar y otros datos anónimos de solicitantes.